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Camino del estado de excepción

Camino del estado de excepción

Entrevista al abogado Andrés García Berrio con motivo de la votación de la Reforma del Código Penal que se realizará hoy en el Congreso. Con él hablamos también de la criminalización de la protesta, del caso 4F y de la ‘caza de brujas’ al anarquismo. Berrio es miembro de organizaciones como la Coordinadora por la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) y Tanquem els CIES.

¿Qué puede suponer esta reforma del Código Penal?

Supone un retroceso histórico en la concepción del derecho penal más garantista. Si actualmente ya tenemos unas condenas “casi perpetuas” (de hasta 40 años), con la reforma se introduce la “prisión perpetua revisable” donde, a ojos de la propia administración, una persona podría estar permanentemente privada de libertad. El nuevo Código Penal aumentaría también la criminalización de la pobreza. Por un lado, desaparecen las mayoría de faltas para convertirse en delitos. El hurto de menos de 400 euros, por ejemplo, pasa a ser un delito menor, generando pena de uno a tres meses de pena-multa y antecedentes penales, que suponen un agravio en la vida de las personas, sobre todo las extranjeras, quienes tendrán más difícil el acceso a sus permisos de residencia. El ‘top manta’, algo que costó tanto que no penalizaran, volverá a serlo. El discurso de la “microcriminalidad” para tener unas calles más seguras ha ido calando.

¿Como los mensajes de la megafonía del metro de Barcelona cuando alertan de carteristas?

Exacto.

¿Y en cuanto a la protesta?

Con esta reforma, el gobierno también quiere aumentar la represión de la protesta ampliando el concepto de “atentado a la autoridad” o agravar el “delito de desórdenes públicos”, que conlleva una pena de uno a tres años de prisión, para cuando fuera cometido en manifestaciones, que conllevaría una pena de uno a seis años de prisión. Un delito de esta característica podría ser, perfectamente, volcar tres o cuatro contenedores en la vía pública. Si ya tenemos una pena alta, querer subirla más es absolutamente preocupante. También se habla de la ocupación sin autorización de entidades bancarias y otras, en función de las protestas actuales como las de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Se amplía también la definición de ‘terrorismo’…

Se han utilizado los atentados a la sede de la revista francesa Charlie Hebdo para hacer una especie de pacto de Estado contra el terrorismo, supuestamente para armonizar la legislación internacional. Pero, si bien el excepcionalismo penal tiene que ver con situaciones de tensión como este atentado, que ha sido algo muy grave, no es una situación común ni un problema actual de Europa.

El artículo 571 de la enmienda a la reforma que ha presentado el PP tras los atentados abre la puerta a esta definición a quien cometiera un delito –tan variopintos como el delito al aborto, contra la vida, contra el orden público, etc.– con el objetivo de desestabilizar la paz social de manera grave o condicionar una decisión política. Estamos delante de un concepto jurídico tan laxo, que muchas situaciones podrían ser entendidas como terrorismo. Cuando eres un terrorista, ya no eres un civil, eres un enemigo. Y por eso podemos multiplicarte las penas. Y además, con la aprobación, ya no haría falta que formases parte de una organización, como hasta ahora: el que realice un acto solo también puede ser categorizado como terrorista.

Suena todo muy grave

El Estado se está dotando de poder para poder actuar como se haría en situaciones excepcionales. Estas reformas son parte de un cambio estructural, un ataque a los derechos y libertades fundamentales. La verdad es que nos están encaminando hacia un estado de excepción encubierto.

¿Por qué no sabemos lo que pasa en el caso ‘Operación Pandora’?

En este caso hay un Secreto de Sumario, las actuaciones se han hecho secretas para los imputados, las personas a quienes se les acusa de haber cometido un delito de pertenencia a organización terrorista. Parece ser que en los próximos días o semanas se abrirá el Secreto y los abogados podremos conocer el procedimiento.

¿Cuál es la situación de los presos?

La macrooperación realizada por Mossos d’Esquadra y Policía Nacional se escenificó de tal manera –asaltando, armados con metralletas, la Kasa de la Muntanya y domicilios particulares– para preparar la posterior calificación de terrorismo. No encontraron nada que justificara la actuación, ¿alguien recuerda cuál fue el último atentado anarquista al que se refieren?

De los 11 detenidos, 7 ingresaron en prisión preventiva. Al estar etiquetados como terroristas, se les pudo incluir en el FIES [Fichero de Internos de Especial Seguimiento], de base con un mayor control que a un preso ordinario. Dos de las presas están en régimen cerrado: 21 horas aisladas en la celda y 3 horas en un patio de 10x15m, juntas.

¿Eso no es tortura?

Desde la Coordinadora por la Prevención y Denuncia de la Tortura llevamos mucho tiempo denunciándolo: las consecuencias psicológicas pueden ser muy graves.

En mayo de 2013, también hubo 5 anarquistas que entraron en prisión preventiva por una publicaciones en Facebook…

Yo no he llevado ese caso, pero lo que está claro es cómo se sobredimensionaron las publicaciones en Facebook de las personas encausadas. Nuevamente vemos la definición de terrorista y la cárcel preventiva. Entra en la misma lógica.

Vamos al caso 4F, del que por fin se está hablando masivamente. ¿Qué podemos aprender de todo esto?

Lo que estamos viviendo es la culminación de un proceso de reparación social del daño que se infringió a los encausados, gracias al documental y todo lo que ha generado. La empatía que está generando en la sociedad el caso de Patricia Heras, al igual que lo hizo el de Esther Quintana, es grandísima. Antes de asistir a la rueda de prensa [de ayer], estábamos en un bar con Rodrigo Lanza y una persona se paró para felicitarlo por su valentía.

Pero ahora falta la reparación jurídica y la creación de unos mecanismos jurídicos para que esto no vuelva a pasar, o para que cuando pase y que cuando nosotros lo detectemos, la Justicia responda.

El problema es estructural y durante muchos años en el Estado español, se ha mirado para otro lado en los casos de tortura. Y aunque estamos en buen camino, creo que hace falta mucho trabajo de todos los actores: la sociedad civil, la administración, a nivel jurídico… Tenemos que conseguir que se rompa la impunidad. Yo estoy seguro que, a partir de hoy, un policía se va a pensar más si dar un tortazo a un detenido o no.

Fuente: datecuenta