Salhaketa y Torturaren aurkako Taldea (TAT) presenta el informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) correspondiente al año 2016

Por decimotercer año consecutivo, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) presenta su informe anual sobre los casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia conocidos en el Estado español. En este nuevo informe se han mantenido los mismos criterios que en los informes anteriores con el objeto de facilitar una perspectiva sobre la evolución de la práctica de la tortura en este Estado. En el informe de este año recogemos 117 situaciones en que se produjeron agresiones, torturas y/o malos tratos a un total de 259 personas.

Estas agresiones se produjeron sobre personas bajo custodia de los funcionarios (comisarías, cuarteles, prisiones u otros centros de privación de libertad) y/o en el transcurso de intervenciones policiales (represión de manifestaciones, etc.). Estas cifras no coincidirán con el número de causas penales abiertas por tortura y/o malos tratos, dado que un mismo caso o situación puede dar lugar a una o a varias causas judiciales. Como en años anteriores, no se han tenido en cuenta todas las denuncias de torturas y/o malos tratos de las que se tuvo conocimiento durante el año 2016: algunas han sido excluidas del informe por petición expresa de las personas afectadas, otras porque la información recibida era insuficiente o no estaba totalmente contrastada. También hay que tener en cuenta que un importante número de casos de tortura y/o agresiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (FIIPP), no se denuncian nunca, ni ante los tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, pública o privada, especialmente por parte de colectivos como el de las personas migrantes y/o presas, u otros de especial vulnerabilidad social como las personas sin hogar, etc.
En los 13 informes presentados por la CPDT entre los años 2004 y 2016 hemos conocido 3.378 situaciones en las que 8.071 personas se vieron afectadas.

Adjuntamos resúmenes en euskera y castellano.

Resumen info 2016

Resumen info 2016.Euskara

Informe completo: http://www.prevenciontortura.org/Resumen info 2016.EuskaraResumen info 2016

José Adrián Poblete Darre en huelga de hambre

José Adrián Poblete Darre lleva en huelga de hambre desde el pasado día 26 de mayo. Se encontraba en la prisión de La Moraleja, Palencia, donde le ubicaron en una galería, en la que permanecía sólo durante todo el día. Actualmente no sabemos a qué cárcel ha sido trasladado.

Sus reivindicaciones personales son entre otras: cese de la intervención y retención de correspondencia y comunicaciones y asistencia médica adecuada, además de otras más colectivas:

  • Erradicación de las torturas.
  • Abolición de los FIES y de los departamentos de régimen cerrado y aislamiento.
  • Cumplimiento en el lugar de origen.
  • Excarcelación de las personas presas enfermas.

2015eko torturaren inguruko Txostenaren aurkezpena/ Presentación del Informe sobre la tortura en el 2015

(abajo en castellano)

Atzo, Gasteizen, Espainiako Estatuko TPSK Torturaren Prebentzio eta Salaketarako Koordinakundearen eta TAT Torturaren Aurkako Taldearen kidea den Lorea Bilbaok, Salhaketa elkarteko Cesar Manzanosek eta Eleak mugimenduko Erlantz Andak agerraldi publikoa egin zuten konkretuki Torturaren Prebentzio eta Salaketarako Koordinakundearen 2015. urteko torturaren inguruko Txostena aurkezteko eta oro har errepresioa salatzeko.

Hona hemen argitaratutako berriak (gainean sakatu berria irakurtzeko):

 


Ayer comparecieron ante los medios en Gasteiz Lorea Bilbao de la Coordinadora para Pervención y Denuncia de la Tortura (CPDT) y del TAT; César MAnzanos de Salhaketa y Erlantz Anda del Movimiento Eleak para presentar el informe del 2015 sobre la Tortura en el Estado Epañol realizado por la CPDT y denunciar también la represión ejercida por el Estado.

Estas son las noticias recogidas al respecto (clicar sobre el título para leerlo):

La tortura en el Estado español. Informe 2014

 

 

 

 

 

Un Informe sobre la situación de la tortura en el Estado español revela 961 personas afectadas por durante el año 2014. 

  • Por undécimo año consecutivo, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), integrada por 47 entidades de defensa de los Derechos Humanos del Estado español, presenta su informe anual sobre los casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia.

 

  • Se triplica el número de personas migrantes que han vivido situaciones de tortura o malos tratos respecto al 2013.

Como en ediciones anteriores la presentación ha tenido lugar en primer lugar, haciendo un análisis cuantitativo de las situaciones en las que se produjo algún tipo de violencia institucional sobre personas bajo custodia de los funcionarios de seguridad pública (en comisarías, cuarteles, prisiones u otros centros de privación de libertad) y/o en el transcurso de intervenciones policiales (represión de manifestaciones, etc.). Este análisis de los datos se ha desarrollado según el territorio en el que se produjeron los hechos, siendo Catalunya, Andalucía y Madrid los tres territorios que han recopilado más denuncias (afectando a 277, 221 y 144 personas respectivamente).

A continuación se han analizado los datos según las características de las personas agredidas y, en este ámbito, dos colectivos especialmente afectados: las personas agredidas durante su participación en movilizaciones sociales (con al menos 450 personas afectadas) y las personas migrantes (355 personas). Continuando con la descripción del cuerpo funcionarial  denunciado por haber cometido las agresiones, se destacan, según los datos la Policía Nacional (denunciada por 315 personas), las policías autonómicas (denunciada por 272 personas) y la Guardia Civil (denunciada por 271 personas).

Posteriormente y tras analizar los datos conocidos, se ha pasado a presentar un estudio cualitativo, de una forma más detallada, de algunas situaciones específicas que, según ha destacado la CPDT, generan especial preocupación, empezando por las muertes bajo custodia, de las que indican haber conocido 50 casos, y siguiendo por la situación de las personas migrantes; especialmente en la Frontera Sur y los vuelos de deportación. “Destacamos estas tres cuestiones por entender que son las de mayor gravedad de entre las ocurridas en el período analizado, pero sabiendo que no son las únicas y que todas las situaciones conocidas son preocupantes, por implicar la vulneración de derechos fundamentales como lo son el derecho a la integridad física, psíquica y moral” comentan desde la propia Coordinadora.

Sevilla, 4 de diciembre de 2015.-

Para ver el informe completo: CPDT Informe 2014

Para ver el resumen: Resumen info CPDT 2014

FacebookTwitterPágina web

[ALERTA] Vuelo deportación Dakar (Senegal) 26/11/2015

Desde la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE hemos podido confirmar que el próximo jueves 26 de noviembre habrá un vuelo de deportación con destino Dakar (Senegal), con escala en Tenerife.

Lanzamos esta alerta* sabedoras de que en los próximos días se producirán redadas policiales para capturar personas de esta nacionalidad, que se suelen identificar los días previos en función del número de plazas que queden por llenar en esos vergonzosos aviones de Air Europa. La compañía cobra más de 12 millones de euros al año por este sucio negocio (más información).

Esta alerta no tiene por objetivo atemorizar a la población, sino al contrario, aportar información a todos los vecinos y vecinas para que puedan actuar y organizarse colectivamente, por ejemplo, denunciando intensamente las redadas policiales de las que sean testigos (pues suelen producirse en el espacio público y en los medios de trasporte), intensificando la campaña de Boicot a Air Europa, desplegando redes de cuidado entre las vecinas y vecinos, difundiendo este mensaje en las redes sociales, imprimiendo el cartel (más abajo) para realizar pegatinas para el metro, paradas…

*Para que estas alertas sirvan al objetivo propuesto -y no como una herramienta de miedo- es importante que si difundes esta información dejes claro en todos los canales el día exacto del vuelo, para que la alerta no se siga propagando después del vuelo en cuestión. Toda la información actualizada en este blog y en @Stopdeportacion .

Propuesta de mensaje para twitter:

@Stopdeportacion “4 de septiembre vuelo deportación a #Senegal #Tenerife” #StopRedadas#BoicotAirEuropa #Alertavuelo

Recomendamos usar el HT #Alertavuelo y el país que corresponda.

vuelo-senegal-26novFuente: STOP Deportación

Trabajo en prisión, ¿trabajo esclavo?

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha iniciado una campaña contra la explotación laboral en prisión con el objetivo de que trabajadores y trabajadoras privados de libertad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales.

La misma se fundamenta en la constatación, tras años de trabajo en este campo, de la existencia de vulneraciones generalizadas de la legislación laboral por parte de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE), adscrita al Ministerio de Interior a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Entre otras muchas cuestiones cabe destacar: el abono de las horas por debajo del importe establecido, el no reconocimiento de las horas realmente trabajadas, la infra-cotización, el acceso y el cese del puesto de trabajo no son ajustados a derecho, el hecho de que prestaciones idénticas puedan ser retribuidas o no (servicios auxiliares comunes), trabajos de 50 horas a la semana por un importe entre 200 y 300 euros son habituales en prisión.

Por otra parte, se requieren modificaciones administrativas y legales, tales como evitar que en el informe de vida laboral siga apareciendo este trabajo, que estigmatiza a la persona trabajadora, y que quien haya trabajado en prisión no pueda optar por el subsidio por excarcelación, que es siempre más beneficioso que la prestación por desempleo.

Todas estas situaciones sólo podrán ser transformadas si hay una implicación sindical. Hay presencia sindical dentro de las prisiones, pero nadie está acompañando a los/as trabajadores/as presos/as. No existe obstáculo legal alguno que limite el derecho fundamental a la libertad sindical.

Descargar documento

Más información y materiales

Fuente: Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Mejor en prisión que en la calle: el mito de la Cárcel-Hotel

Cada cierto tiempo, se publican en todo tipo de periódicos noticias de personas que en su desesperación delinquen para encontrar en la cárcel techo y comida. En estas notas se narra la dura vida de una persona en situación de pobreza extrema, muy a menudo sin techo, que decide perpetrar un delito para ser encarcelado y disfrutar así de una vivienda pública con pensión completa de forma gratuita. Estas anécdotas son convertidas en categoría de forma recurrente gracias a los prejuicios imperantes sobre lo que es y lo que significa la vida en prisión, y contribuyen a reforzar el estereotipo de la cárcel como hotel en el que cumplir condena es poco más que un retiro temporal de la vida cotidiana en el que el interno es tratado con “demasiada benevolencia” teniendo en cuenta que se trata de un “delincuente”.

Exigir a los centros penitenciarios dureza en las condiciones de vida impuestas a los reos concuerda con los planteamientos de los pensadores liberales del siglo XIX que consideraban que cualquier alternativa al trabajo industrial debía estar ligada unas condiciones que hicieran deseable la vida de la más pobre de las familias proletarias. En el Reino Unido y en la Europa central, el final del feudalismo y las transformaciones en las formas de propiedad de la tierra empujan a millones de personas hacia las ciudades a buscar nuevas formas de sustento, pero no todos los migrantes logran una ocupación industrial y en los primeros compases de la industrialización, las ciudades se caracterizan por el hacinamiento y el incremento desmesurado de la pobreza y la indigencia en las calles. Donde la recién estrenada ética del trabajo no llegaba a convencer a la gente de las bondades del empleo industrial, se aplicaba la represión para someter a los antiguos campesinos y nuevos urbanitas de que su mejor destino era la dignificación del empleo asalariado en fábricas y talleres. Es en este contexto de pauperismo industrial e incremento de la mendicidad urbana en el que viven su momento de esplendor las casas de trabajo (workhouses) y los correccionales, y son vagabundos y prostitutas sus primeros huéspedes.

En las workhouses, hombres y mujeres realizaban trabajos industriales de forma obligada a cambio de comida y techo. Su reclusión obedecía al crimen de vagancia, mendicidad o ejercicio de la prostitución, y eran detenidos y detenidas en macro-redadas ordenadas por las autoridades municipales consideraban excesivo el número de personas sin hogar acumuladas en la vía pública. En la Inglaterra victoriana estas casas de trabajo tuvieron una importante presencia y se desarrollaron legislaciones en las que claramente se describía el destino que debía marcar las vidas de aquellas personas que “no podían mantenerse por si mismas”. La New Poor Law Act británica de 1834 establecía que no se debía dar asistencia a aquellas personas pobres que rechazaran su internamiento en una Workhouse. Instituciones paralelas tenían la misma función social en el proceso de industrialización alemán o en la Francia napoleónica. En los países del sur de Europa, de industrialización más tardía, la Iglesia incorpora la doctrina del pan por trabajo con instituciones como las Casas de Arrepentidas (cárceles cuya misión es el control de mujeres de vida desordenada) o los Hospicios para Pobres.

Si bien la aplicación de penas de privación de libertad no es ninguna novedad surgida de la revolución industrial, la generalización del uso de la reclusión penitenciaria en sustitución de la pena de muerte es consecuencia de la modernización y de un intento de humanización ilustrada de la economía del castigo. La experiencia de internamiento de un gran número de personas en situación de pobreza urbana severa y desempleo constituye un aprendizaje institucional que facilita el desarrollo de los sistemas penitenciarios modernos. El mismo proceso de humanización de las penas transforma la justificación punitiva de la pena de prisión a una justificación reeducativa o de reinserción social de los penados, pero, la historia de la institución penitenciaria es la historia de un gran fracaso que dura ya doscientos años.

Las cárceles nunca han dejado de ser una herramienta de control de la marginalidad. La aplicación de la pena de prisión mantiene un sesgo de clase en todos los países del mundo. La capacidad reeducativa de la reclusión se ha mostrado nula y existe importante evidencia empírica de que la prisión engendra más exclusión social. El triunfo de la ética del trabajo y el propio origen moralizante de las instituciones penitenciarias explican, en parte, la falta de reparos con la que se opina sobre las condiciones que deberían imperar en los centros de reclusión. Cualquier indicio de comodidad es visto como un lujo innecesario, a la par que moralmente reprobable, al servicio de individuos merecedores de la mayor severidad. Se vacía así de significado la condena de privación de libertad para poner énfasis en las condiciones de cumplimiento, como si el régimen penitenciario no fuera, en sí mismo, un método de castigo. La ola de populismo punitivo de los últimos treinta años ha añadido a esta confusión entre condena de privación de libertad y condiciones de cumplimiento argumentos que vinculan las condiciones de vida de los penados con la dignidad de las víctimas. Como recuerda David Garland en La Sociedad del Control, las víctimas han tomado un papel central en el debate sobre las penas convirtiendo las condenas en una especie de juego de suma cero en el que restar serveridad al castigo supone una ofensa.

El desconocimiento de la realidad penitenciaria facilita el clamor popular por el endurecimiento de las condiciones de vida de los internos. Mientras la demagogia del populismo punitivo se centra en remarcar la presencia de televisores en las celdas, la existencia de equipamientos deportivos en las cárceles, o que en los centros de reciente construcción hay piscina, lo que se muestra realmente relevante para la percepción de calidad de vida de los internos son las relaciones interpersonales que se establecen durante el cumplimiento de la condena, las posibilidades de acceder a permisos que hagan más soportable la reclusión, o la periodicidad de las visitas de familiares.

Con independencia de que en una prisión haya o no polideportivo, el régimen penitenciario consiste en una sucesión de días en los que no existe la mínima posibilidad de decidir sobre la cotidianidad. A la hora señalada debe levantarse y esperar el recuento, salir de la celda y permanecer en los espacios comunes. No decide ni cuando, ni cómo, ni qué desayuna, almuerza o cena. Esté de peor o de mejor humor, no puede decidir quedarse en la celda, tirado en la cama, leyendo un libro o mirando la televisión. No decide cuando llamar a su familia ni cuando recibir visitas. Ni tan sólo puede decidir hablar con un compañero o amigo del mismo módulo si no es en el horario marcado para estar en las salas o los patios. La incapacidad de romper la monotonía de una vida marcada por los horarios convierte en lujos imprescindibles pequeños placeres como un café o un refresco de máquina… O las chocolatinas compradas en el economato del módulo (a un precio sustancialmente superior del que pagaríamos en cualquier supermercado)…

Especialmente duras son las condiciones de indigencia carcelaria que viven aquellos internos que no reciben dinero de sus familias. Si bien es cierto que ya no se obliga a los presos a trabajar a cambio de comida y techo, las instituciones penitenciarias no proporcionan nada más que eso: comida y techo. El lote higiénico que antes de los recortes presupuestarios de 2011 se facilitaba a los internos mensualmente, se reparte hoy una vez al trimestre. Los productos de limpieza (lejía y un estropajo), el papel higiénico, el jabón, las cuchillas de afeitar… son insuficientes para asearse durante tres meses. Sin dinero no hay posibilidad de completarlo en el economato y hay que pedir favores o contraer deudas que se tendrán que pagar posteriormente con favores o tabaco. La mayor parte de las personas que sufren esta indigencia carcelaria son africanas, no disponen de recursos para mantener el contacto con su familia y saben que van a cumplir su condena del primer al último día sin permisos ni terceros grados. Existe la posibilidad de conseguir un empleo en los talleres para conseguir una remuneración mínima que permita sobrellevar la situación, pero deben haber plazas disponibles y el trabajo debe ser asignado por la Junta de Tratamiento. Muy a menudo, una ocupación que indigna a buena parte de los presos por su mísera remuneración, constituye una tabla de salvación para algunos.

Las encuestas sobre actitudes punitivas de la ciudadanía parecen indicar que la extendida opinión de que la ciudadanía de los países europeos reclama más mano dura debería matizarse. Parece ser que se exige mayor dureza en el castigo bajo una muy extendida situación de desconocimiento de las penas que contempla el código penal. Irónicamente, bajo la premisa errónea de que los castigos son blandos parece que se exige una dureza inferior a la que ya se da en la realidad. ¿Sucede lo mismo con las ideas preconcebidas acerca del impacto subjetivo del encarcelamiento? ¿De conocer lo que supone la supervivencia en prisión, nos fijaríamos en la piscina?

Recomendaciones bibliográficas:

  • Focault, Michel. 1976. Vigilar Y Castigar. Nacimiento de La Prisión. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
  • Garland, D. 2005. La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Barcelona: Gedisa.
  • Ríos, J. y Cabrera, P. 1998. Mil voces presas. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas.
  • Ríos, J. 2013. La prisión perpetua en España. Razones de su ilegitimidad ética y de su inconstitucionalidad. Donostia: Tercera Prensa. [Disponible en http://www.derechopenitenciario.com/comun/fichero.asp?id=3219]
  • Varona, Daniel. 2009. “¿Somos Los Españoles Punitivos?: Actitudes Punitivas Y Reforma Penal En España.” InDret 1. [Disponible en http://www.indret.com/pdf/599.pdf]

Fuente y más información en: Tokata

 

Guía para entender (o no) la expulsión masiva de migrantes que planea la UE

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se reúnen en Bruselas este jueves y viernes para debatir, entre otros asuntos, sobre migración, “con énfasis en la cooperación con terceros países, las fronteras exteriores y los retornos”. Traducido del lenguaje eurocrático, esto significa que hablarán de cómo conseguir que países como Turquía, Egipto o Túnez se queden con una buena parte de los que quieren llegar a Europa, debatirán sobre cómo cerrar Europa a cal y canto para los que llaman “inmigrantes económicos” y acordarán aumentar el número de deportaciones. Después de la solidaridad mostrada con los refugiados, “la UE pretende utilizar esa imagen de acogida como palanca para legitimar la expulsión decenas de miles de personas”, advierte Peio M. Aierbe, miembro de la red Migreurop.

Traducimos algunos otros términos que manejan en Bruselas, porque después de la crisis griega y la de los refugiados, vamos a oír hablar mucho de deportaciones en los próximos meses:

MIGRANTES ECONÓMICOS FRENTE A REFUGIADOS

“Vamos a ver cómo los mensajes emitidos por la UE refuerzan la distinción entre refugiados y migrantes voluntarios”, explica con preocupación Maria Giovanna Manieri, responsable de políticas migratorias en PICUM, la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes indocumentados. Como explica Manieri, aunque no procedan de países en guerra, a menudo huyen de la pobreza extrema y de la violencia estructural de sus países, y también se juegan la vida recorriendo rutas largas y peligrosas para llegar a Europa.

Manieri cree que todavía “estamos a tiempo para cambiar la retórica”. Explicar las razones por las que se van de sus países, su desesperación, y por qué deben ser bienvenidos: “Cómo contribuyen a la economía local, que no van a quitarnos el trabajo, etc”.

Aierbe recuerda que no solo se verán afectados quienes intentan llegar, sino cientos de miles de personas que ya están aquí, “gente que ya tiene situación de arraigo, pero pierde el trabajo y pierde la regularidad, al margen de que lleve diez años en el país y tengan familia”.

PAÍSES SEGUROS

Para acotar quién tiene derecho o no a pedir asilo, la UE trabaja en base a una lista europea común de lo que llama “países seguros”, de forma que quienes no procedan de los que se consideran lugares de riesgo como Siria o Irak, no podrán acorgerse a las leyes internacionales que les garantizan el derecho a un refugio.

“¡El sistema es tan absurdo! Se están viendo cosas como que a los provenientes de Kabul (Afganistán) los rechazan porque estiman que es zona segura, al no estar en terreno controlado por los talibanes”, asegura Peio M. Aierbe, del Centro de Estudios sobre Inmigración, Racismo y Xenofobia, Mugak. El también miembro de la Federación de SOS Racismo se pregunta si la recomendación de la UE es que los habitantes de Kabul no se acerquen a los mercados donde ponen las bombas.

Human Rights Watch le recuerda a la UE la sentencia del Tribunal Federal de Canadá que consideró que este tipo de inventario sirve para “marginalizar, discriminar y estereotipar”.

MEJORAR LA EFICACIA DE LAS POLÍTICAS DE RETORNO DE LA UE

Cuando dicen “políticas de retorno” hablan de “deportaciones”, según traduce Manieri. Para empezar, se expulsará a las más de 400.000 personas cuyas demandas de asilo han sido rechazadas en la primera mitad de 2015, según un documento de fuentes europeas al que tuvo acceso el diario británico The Times.

“La Comisión Europea y el Consejo hablan de una necesidad de identificación rápida y retorno/deportación”, que según Manieri se traducirá en “personas en que en menos de 48 horas serán deportadas a sus países de origen o a países con los que la UE tenga acuerdos bilaterales, como Turquía o Marruecos”.

La Comisión, explica esta experta, ha elaborado dos documentos dirigidos a los Estados miembro para agilizar las expulsiones. Uno, más técnico, es un manual de 100 páginas que desde una perspectiva legal apela al respeto a los derechos humanos al aplicar la Directiva de Retorno. El otro, más político y con un enfoque de seguridad, es un plan de acción de 17 páginas en el que por ejemplo se insta a los Estados miembro a “hacer uso de la detención” y les otorga “flexibilidad” en cuanto a las “condiciones de detención” en situaciones que consideren de emergencia. Los países que no cumplan con su “obligación” de deportar serán sancionados. “Es difícil pensar que esos dos documentos han salido de la misma Dirección General”, dice incrédula Manieri.

HOTSPOTS

“Se asemejan bastante a campos de concentración”, dice convencido Aierbe. Son centros de registro y retención de los demandantes de asilo que Angela Merkel y François Hollande pidieron a Italia y a Grecia que instalasen cuanto antes, y que preocupan mucho a las organizaciones humanitarias. En esos lugares será donde se preseleccione a quienes tienen opciones de recibir asilo y desde donde se devuelva de inmediato a sus países a quienes no.

“La gente no va a poder salir de allí. Además, quien llega tiene derecho a una asistencia letrada, a un intérprete, pero todas estas garantías van a a desaparecer en los hotspots porque en principio no habrá una decisión judicializada para cada persona”, denuncia Aierbe.

REFUERZO DE FRONTEX

En los primeros nueve meses del año han llegado a Europa a través de sus fronteras exteriores 710.000 migrantes y demandantes de asilo. En todo 2014 fueron 282.000, según Frontex, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión. Ante el objetivo de aumentar las expulsiones, que será proporcional al elevado número de llegadas, la UE ha decidido reforzar el mandato de este cuerpo de seguridad y subir su presupuesto.

Si en algo hay consenso entre los miembros de la UE es en que quieren reforzar la vigilancia en las fronteras exteriores, aunque falta que se pongan de acuerdo en las “modalidades” para hacerlo, mientras las organizaciones humanitarias se quejan de que la UE da más prioridad a la seguridad que a las personas. La propuesta de la Comisión, apoyada con fuerza por Francia, de crear un cuerpo de guardia europeo para ese control no convence a otras capitales, que ven con recelo ceder soberanía.

READMISIÓN Y NEGOCIACIONES CON TERCEROS PAÍSES

Para Aierbe, hablar de “readmisión” es hablar de “chantaje y presión a países de la periferia, para que a cambio de ayudas económicas y visados -como exige Turquía-, acepten de vuelta a los migrantes que la UE expulsa”. También significa “externalización del asilo y las fronteras a países circundantes”. Para los que llegan, “es terriblemente problemático respecto a sus derechos”. Para los expulsados, igual: “Está documentado que la situación en esos países no se ajusta a los derechos humanos, y les obligan a acogerles al margen de sus estándares”.

Los líderes de la UE van a exigir a los países con los que existen acuerdos de readmisión que agilicen este proceso y también colocar la política de retorno en la primera línea de los futuros acuerdos que se negocien con otros socios.

FONDO DE EMERGENCIA EN ÁFRICA

Hace tres semanas, los líderes de la Unión Europea asumieron el compromiso de contribuir a un fondo de emergencia para África por valor de 1.800 millones de euros, para en teoría reducir en el origen las causas que empujan a muchos a emigrar. “Cuando escuchas a [Mariano] Rajoy diciendo que ‘hay que ir a las causas’, dices, ¡caray, parece que nos ha comprado el discurso”, cuenta con sorna Aierbe, que recuerda que el Gobierno “le ha dado un tajo a la cooperación y el desarrollo, y no puede decir ahora que lo fundamental es eso”.

Para contribuir realmente en el desarrollo económico de esos países, la UE debería “cambiar radicalmente su política de cooperación y desarrollo”, dice Aierbe. Para empezar, Europa no cuestiona las estructuras corruptas en esos países, y, según este experto, buena parte de la ayuda se destina a “beneficiar a las empresas europeas”.

Con la política de readmisión y la firma de acuerdos con terceros países, la UE explora aplicar el principio de más por más como una de las fórmulas para condicionar las ayudas al desarrollo a la colaboración de estos países.

MIGRACIÓN ILEGAL VS LEGAL

La UE, a la vez que pugna por “reducir los incentivos para la migración irregular”, quiere “desarrollar una nueva política para la migración legal, atrayendo a trabajadores que necesite la UE”. Aquí los expertos ven varios problemas. “La idea de la UE es que los migrantes cualificados son bienvenidos, pero los demás no”, señala Manieri.

Para Aierbe, este enfoque de buscar a la gente que la UE quiere es “un absurdo”, e insiste en que “todas las entidades e instituciones indican que el problema fundamental es que está cerrada la posibilidad de obtener visados en países africanos, a pesar de la necesidad de mano de obra de la UE”.

Fuente: El Huffington Post

Paralizada ‘in extremis’ la expulsión de un joven nigeriano gay sin papeles

A primera hora de este jueves (16/07/2015) ha partido de Madrid un vuelo de deportación de ciudadanos extranjeros en situación irregular con destino a Nigeria.

En ese avión, el Ministerio del Interior tenía previsto expulsar a su país a un hombre que lleva ocho años viviendo en Cáceres. Él es gay, vive con su pareja, tiene incluso una oferta de trabajo en España… pero no tiene papeles, y lo iban a deportar a un país en el que la homosexualidad no sólo es delito, sino que está penada con la muerte en muchas regiones. Finalmente, anoche a última hora, el Gobierno ha paralizado su expulsión.

El vuelo de deportación que estaba previsto que despegara a las 07:00 desde Barajas hacia Nigeria finalmente no se ha llevado a Henry. La expulsión de este joven nigeriano residente en Cáceres se ha paralizado esta noche por parte de la Delegada del Gobierno en Madrid Concepción Dancausa y con el aval del director general de la Policia Nacional, según han confirmado hace unos minutos a la Cadena SER fuentes de la Fundación Triángulo.

Este colectivo se movilizó para evitar que el joven homosexual, al que se le había entregado el miércoles una notificación para ser expulsado de manera urgente, volviera a su país, donde en algunas regiones la homosexualidad está castigada con la pena de muerte y donde la homofobia social pone en peligro su vida en caso de ser repatriado.

Su pareja, que estaba en trámite para casarse con el joven, consigió movilizar a la Fundación Triángulo y estos a su vez lograron el apoyo del presidente de la Junta de Extremadura y la colaboración tanto de la delegación del Gobierno en Extremadura como la de Madrid.

En torno a las 23:00 horas del miércoles le comunicaban a su pareja que Henry no sería expulsado y a las 02:00 la delegación del Gobierno en Madrid confirmaba que no lo trasladarían a Barajas para ser deportado pero que Henry pasaría la noche en la comisaría de Cáceres, donde se encuentra desde el miércoles. Durante la mañana revisarán su caso y está previsto que sea puesto en libertad.

Fuente: cadena SER

Examen al Estado español por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas

El examen al Estado español lo realiza un Comité de expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas es muy crítico contra las vulneraciones de Derechos Humanos que habitualmente practica el Estado español (en este caso el PP), que viene incumpliendo sistemáticamente sus obligaciones internacionales, de respeto a las personas, principalmente las más débiles y oprimidas por los poderes judiciales, policiales, gubernamentales (Ministerio del Interior). Se demuestra que no estamos en un Estado democrático.

Prentsa oharra – Nota de prensa

Acaba de finalizar el sexto examen periódico al Estado español por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El mismo se ha llevado a cabo los días 6 y 7 de julio. Los miembros del Comité han tenido ocasión de reunirse con las asociaciones allí presentes de manera privada y confidencial, y de leer los informes e informaciones aportadas por las mismas, además de tener ocasión de tener un diálogo de cara a preguntar sobre cuestiones de su interés.

El día 6 por la tarde y el 7 por la mañana, ha tenido lugar el examen. En el mismo, han realizado numerosas preguntas a la amplia delegación española, y después, miembros del Ministerio de Justicia, de Interior y Exteriores, entre otros, han ido respondiendo a las diferentes cuestiones.

Los miembros del Comité han sido muy directos y se han mostrado contundentes en temas que ya recogieron en su último informe de recomendaciones en 2009, y han hablado de “bloqueo” por parte del Estado español a la hora de aplicar los cambios sugeridos por las instituciones internacionales. Así, denunciaban que desde el ámbito internacional existe unanimidad a la hora de denunciar que el gobierno español no cumple con las obligaciones internacionales, y sin embargo, no toma ninguna medida a este respecto. El miembro del Comité D. Muhumuza Laki ha realizado por ejemplo una sola pregunta: espetaba a la representación española en la sesión de hoy que “el problema de España no es que falten leyes, ya que han explicado largamente el impresionante arsenal de leyes de protección. Sin embargo, la cantidad de denuncias de vulneración de derechos es también impresionante. Así pues, ¿se debe a que se da una aplicación selectiva de la legislación? ¿Se debe a una falta de voluntad política?

Temas como la incomunicación han copado gran parte de las preguntas, y la reticencia de las autoridades españolas a retirarla de su legislación, como ha venido siendo recomendado. Olivier de Froubille ha criticado la restricción del derecho a la defensa, con la imposibilidad de elegir un abogado y entrevistarse en privado con él también ha sido criticada en diferentes momentos y motivo de incredulidad “¿esto no va a cambiar con la reforma?”. Finalizó su breve intervención afirmando “no solo debe impartirse justicia, además, tiene que parecer que se imparte”.

Y. Iwasawa también ha realizado una única y breve intervención, pidiendo ser respondido en 48 horas: “el artículo 10.2 de la Constitución Española establece que en lo relativo a los derechos fundamentales, se interpretarán de acuerdo a los tratados internacionales. La pregunta es: ¿esto es así o no?”

Han sido numerosas las preguntas también en cuanto a la falta de investigación de las denuncias de tortura (con especial hincapié en las demandas presentadas por Iñazio Otaño y Tomás Madina, dos denuncias recientes pero en las que no se han dado avances en los últimos años. La delegación no contestó inicialmente y ante la insistencia del Comité únicamente se refirió a ellos como acusados de terrorismo sin entrar a valorar las denuncias, motivo igualmente de queja por parte del Comité) y el papel de los médicos forenses de la Audiencia Nacional. Los miembros del Comité pidieron al gobierno que les ofreciera información sobre la demanda recientemente presentada por un grupo de médicos argentinos ante la Asociación Médica Mundial ante la actuación deficiente de los médicos forenses adscritos a la Audiencia Nacional. También recordaron que estos médicos forenses no vieron ningún motivo de preocupación en la situación de Oihan Ataun y Beatriz Etxebarria durante la detención incomunicada, y sin embargo el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por lo que ocurrió precisamente durante esta incomunicación.

El aislamiento penitenciario y cómo se justifica también ha sido una de las cuestiones planteadas por la miembro del Comité Sarah Cleveland, refiriéndose concretamente a la abogada Arantza Zulueta, de quien han pedido información. Petición que tampoco ha sido atendida.

Cuestiones como la situación de vulneración de derechos en Ceuta y Melilla, las “devoluciones en caliente” a las que los delegados españoles no querían llamar así dado que consideraban que al no haber entrada no podía darse una devolución), así como la situación de los centros CIEs, los menores migrantes no acompañados, la discriminación, y la trata de personas también han centrado las numerosas preguntas dirigidas a la delegación.

Uno de los puntos que han causado mayor fricción entre los miembros de la delegación y los miembros del Comité ha sido cuando el Abogado del Estado, miembro de la delegación española, ha respondido al Comité (ante su pregunta de por qué no cumple los dictámenes individuales como los emitidos por los casos de Maria Atxabal y Ali Arras) que si bien el gobierno español debe respetar los tratados internacionales, no está atado a lo que diga el Comité (no reconociendo la legitimidad de quien le estaba examinando en ese mismo momento).

El informe de conclusiones será publicado al final de esta 114ª sesión del Comité de Derechos Humanos, el día 23 de julio.

Genevan, 2015.eko Uztailaren 7an

beha