Salhaketa y Torturaren aurkako Taldea (TAT) presenta el informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) correspondiente al año 2016

Por decimotercer año consecutivo, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) presenta su informe anual sobre los casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia conocidos en el Estado español. En este nuevo informe se han mantenido los mismos criterios que en los informes anteriores con el objeto de facilitar una perspectiva sobre la evolución de la práctica de la tortura en este Estado. En el informe de este año recogemos 117 situaciones en que se produjeron agresiones, torturas y/o malos tratos a un total de 259 personas.

Estas agresiones se produjeron sobre personas bajo custodia de los funcionarios (comisarías, cuarteles, prisiones u otros centros de privación de libertad) y/o en el transcurso de intervenciones policiales (represión de manifestaciones, etc.). Estas cifras no coincidirán con el número de causas penales abiertas por tortura y/o malos tratos, dado que un mismo caso o situación puede dar lugar a una o a varias causas judiciales. Como en años anteriores, no se han tenido en cuenta todas las denuncias de torturas y/o malos tratos de las que se tuvo conocimiento durante el año 2016: algunas han sido excluidas del informe por petición expresa de las personas afectadas, otras porque la información recibida era insuficiente o no estaba totalmente contrastada. También hay que tener en cuenta que un importante número de casos de tortura y/o agresiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (FIIPP), no se denuncian nunca, ni ante los tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, pública o privada, especialmente por parte de colectivos como el de las personas migrantes y/o presas, u otros de especial vulnerabilidad social como las personas sin hogar, etc.
En los 13 informes presentados por la CPDT entre los años 2004 y 2016 hemos conocido 3.378 situaciones en las que 8.071 personas se vieron afectadas.

Adjuntamos resúmenes en euskera y castellano.

Resumen info 2016

Resumen info 2016.Euskara

Informe completo: http://www.prevenciontortura.org/Resumen info 2016.EuskaraResumen info 2016

José Adrián Poblete Darre en huelga de hambre

José Adrián Poblete Darre lleva en huelga de hambre desde el pasado día 26 de mayo. Se encontraba en la prisión de La Moraleja, Palencia, donde le ubicaron en una galería, en la que permanecía sólo durante todo el día. Actualmente no sabemos a qué cárcel ha sido trasladado.

Sus reivindicaciones personales son entre otras: cese de la intervención y retención de correspondencia y comunicaciones y asistencia médica adecuada, además de otras más colectivas:

  • Erradicación de las torturas.
  • Abolición de los FIES y de los departamentos de régimen cerrado y aislamiento.
  • Cumplimiento en el lugar de origen.
  • Excarcelación de las personas presas enfermas.

2015eko torturaren inguruko Txostenaren aurkezpena/ Presentación del Informe sobre la tortura en el 2015

(abajo en castellano)

Atzo, Gasteizen, Espainiako Estatuko TPSK Torturaren Prebentzio eta Salaketarako Koordinakundearen eta TAT Torturaren Aurkako Taldearen kidea den Lorea Bilbaok, Salhaketa elkarteko Cesar Manzanosek eta Eleak mugimenduko Erlantz Andak agerraldi publikoa egin zuten konkretuki Torturaren Prebentzio eta Salaketarako Koordinakundearen 2015. urteko torturaren inguruko Txostena aurkezteko eta oro har errepresioa salatzeko.

Hona hemen argitaratutako berriak (gainean sakatu berria irakurtzeko):

 


Ayer comparecieron ante los medios en Gasteiz Lorea Bilbao de la Coordinadora para Pervención y Denuncia de la Tortura (CPDT) y del TAT; César MAnzanos de Salhaketa y Erlantz Anda del Movimiento Eleak para presentar el informe del 2015 sobre la Tortura en el Estado Epañol realizado por la CPDT y denunciar también la represión ejercida por el Estado.

Estas son las noticias recogidas al respecto (clicar sobre el título para leerlo):

La tortura en el Estado español. Informe 2014

 

 

 

 

 

Un Informe sobre la situación de la tortura en el Estado español revela 961 personas afectadas por durante el año 2014. 

  • Por undécimo año consecutivo, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), integrada por 47 entidades de defensa de los Derechos Humanos del Estado español, presenta su informe anual sobre los casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia.

 

  • Se triplica el número de personas migrantes que han vivido situaciones de tortura o malos tratos respecto al 2013.

Como en ediciones anteriores la presentación ha tenido lugar en primer lugar, haciendo un análisis cuantitativo de las situaciones en las que se produjo algún tipo de violencia institucional sobre personas bajo custodia de los funcionarios de seguridad pública (en comisarías, cuarteles, prisiones u otros centros de privación de libertad) y/o en el transcurso de intervenciones policiales (represión de manifestaciones, etc.). Este análisis de los datos se ha desarrollado según el territorio en el que se produjeron los hechos, siendo Catalunya, Andalucía y Madrid los tres territorios que han recopilado más denuncias (afectando a 277, 221 y 144 personas respectivamente).

A continuación se han analizado los datos según las características de las personas agredidas y, en este ámbito, dos colectivos especialmente afectados: las personas agredidas durante su participación en movilizaciones sociales (con al menos 450 personas afectadas) y las personas migrantes (355 personas). Continuando con la descripción del cuerpo funcionarial  denunciado por haber cometido las agresiones, se destacan, según los datos la Policía Nacional (denunciada por 315 personas), las policías autonómicas (denunciada por 272 personas) y la Guardia Civil (denunciada por 271 personas).

Posteriormente y tras analizar los datos conocidos, se ha pasado a presentar un estudio cualitativo, de una forma más detallada, de algunas situaciones específicas que, según ha destacado la CPDT, generan especial preocupación, empezando por las muertes bajo custodia, de las que indican haber conocido 50 casos, y siguiendo por la situación de las personas migrantes; especialmente en la Frontera Sur y los vuelos de deportación. “Destacamos estas tres cuestiones por entender que son las de mayor gravedad de entre las ocurridas en el período analizado, pero sabiendo que no son las únicas y que todas las situaciones conocidas son preocupantes, por implicar la vulneración de derechos fundamentales como lo son el derecho a la integridad física, psíquica y moral” comentan desde la propia Coordinadora.

Sevilla, 4 de diciembre de 2015.-

Para ver el informe completo: CPDT Informe 2014

Para ver el resumen: Resumen info CPDT 2014

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[ALERTA] Vuelo deportación Dakar (Senegal) 26/11/2015

Desde la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE hemos podido confirmar que el próximo jueves 26 de noviembre habrá un vuelo de deportación con destino Dakar (Senegal), con escala en Tenerife.

Lanzamos esta alerta* sabedoras de que en los próximos días se producirán redadas policiales para capturar personas de esta nacionalidad, que se suelen identificar los días previos en función del número de plazas que queden por llenar en esos vergonzosos aviones de Air Europa. La compañía cobra más de 12 millones de euros al año por este sucio negocio (más información).

Esta alerta no tiene por objetivo atemorizar a la población, sino al contrario, aportar información a todos los vecinos y vecinas para que puedan actuar y organizarse colectivamente, por ejemplo, denunciando intensamente las redadas policiales de las que sean testigos (pues suelen producirse en el espacio público y en los medios de trasporte), intensificando la campaña de Boicot a Air Europa, desplegando redes de cuidado entre las vecinas y vecinos, difundiendo este mensaje en las redes sociales, imprimiendo el cartel (más abajo) para realizar pegatinas para el metro, paradas…

*Para que estas alertas sirvan al objetivo propuesto -y no como una herramienta de miedo- es importante que si difundes esta información dejes claro en todos los canales el día exacto del vuelo, para que la alerta no se siga propagando después del vuelo en cuestión. Toda la información actualizada en este blog y en @Stopdeportacion .

Propuesta de mensaje para twitter:

@Stopdeportacion “4 de septiembre vuelo deportación a #Senegal #Tenerife” #StopRedadas#BoicotAirEuropa #Alertavuelo

Recomendamos usar el HT #Alertavuelo y el país que corresponda.

vuelo-senegal-26novFuente: STOP Deportación

Guía para entender (o no) la expulsión masiva de migrantes que planea la UE

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se reúnen en Bruselas este jueves y viernes para debatir, entre otros asuntos, sobre migración, “con énfasis en la cooperación con terceros países, las fronteras exteriores y los retornos”. Traducido del lenguaje eurocrático, esto significa que hablarán de cómo conseguir que países como Turquía, Egipto o Túnez se queden con una buena parte de los que quieren llegar a Europa, debatirán sobre cómo cerrar Europa a cal y canto para los que llaman “inmigrantes económicos” y acordarán aumentar el número de deportaciones. Después de la solidaridad mostrada con los refugiados, “la UE pretende utilizar esa imagen de acogida como palanca para legitimar la expulsión decenas de miles de personas”, advierte Peio M. Aierbe, miembro de la red Migreurop.

Traducimos algunos otros términos que manejan en Bruselas, porque después de la crisis griega y la de los refugiados, vamos a oír hablar mucho de deportaciones en los próximos meses:

MIGRANTES ECONÓMICOS FRENTE A REFUGIADOS

“Vamos a ver cómo los mensajes emitidos por la UE refuerzan la distinción entre refugiados y migrantes voluntarios”, explica con preocupación Maria Giovanna Manieri, responsable de políticas migratorias en PICUM, la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes indocumentados. Como explica Manieri, aunque no procedan de países en guerra, a menudo huyen de la pobreza extrema y de la violencia estructural de sus países, y también se juegan la vida recorriendo rutas largas y peligrosas para llegar a Europa.

Manieri cree que todavía “estamos a tiempo para cambiar la retórica”. Explicar las razones por las que se van de sus países, su desesperación, y por qué deben ser bienvenidos: “Cómo contribuyen a la economía local, que no van a quitarnos el trabajo, etc”.

Aierbe recuerda que no solo se verán afectados quienes intentan llegar, sino cientos de miles de personas que ya están aquí, “gente que ya tiene situación de arraigo, pero pierde el trabajo y pierde la regularidad, al margen de que lleve diez años en el país y tengan familia”.

PAÍSES SEGUROS

Para acotar quién tiene derecho o no a pedir asilo, la UE trabaja en base a una lista europea común de lo que llama “países seguros”, de forma que quienes no procedan de los que se consideran lugares de riesgo como Siria o Irak, no podrán acorgerse a las leyes internacionales que les garantizan el derecho a un refugio.

“¡El sistema es tan absurdo! Se están viendo cosas como que a los provenientes de Kabul (Afganistán) los rechazan porque estiman que es zona segura, al no estar en terreno controlado por los talibanes”, asegura Peio M. Aierbe, del Centro de Estudios sobre Inmigración, Racismo y Xenofobia, Mugak. El también miembro de la Federación de SOS Racismo se pregunta si la recomendación de la UE es que los habitantes de Kabul no se acerquen a los mercados donde ponen las bombas.

Human Rights Watch le recuerda a la UE la sentencia del Tribunal Federal de Canadá que consideró que este tipo de inventario sirve para “marginalizar, discriminar y estereotipar”.

MEJORAR LA EFICACIA DE LAS POLÍTICAS DE RETORNO DE LA UE

Cuando dicen “políticas de retorno” hablan de “deportaciones”, según traduce Manieri. Para empezar, se expulsará a las más de 400.000 personas cuyas demandas de asilo han sido rechazadas en la primera mitad de 2015, según un documento de fuentes europeas al que tuvo acceso el diario británico The Times.

“La Comisión Europea y el Consejo hablan de una necesidad de identificación rápida y retorno/deportación”, que según Manieri se traducirá en “personas en que en menos de 48 horas serán deportadas a sus países de origen o a países con los que la UE tenga acuerdos bilaterales, como Turquía o Marruecos”.

La Comisión, explica esta experta, ha elaborado dos documentos dirigidos a los Estados miembro para agilizar las expulsiones. Uno, más técnico, es un manual de 100 páginas que desde una perspectiva legal apela al respeto a los derechos humanos al aplicar la Directiva de Retorno. El otro, más político y con un enfoque de seguridad, es un plan de acción de 17 páginas en el que por ejemplo se insta a los Estados miembro a “hacer uso de la detención” y les otorga “flexibilidad” en cuanto a las “condiciones de detención” en situaciones que consideren de emergencia. Los países que no cumplan con su “obligación” de deportar serán sancionados. “Es difícil pensar que esos dos documentos han salido de la misma Dirección General”, dice incrédula Manieri.

HOTSPOTS

“Se asemejan bastante a campos de concentración”, dice convencido Aierbe. Son centros de registro y retención de los demandantes de asilo que Angela Merkel y François Hollande pidieron a Italia y a Grecia que instalasen cuanto antes, y que preocupan mucho a las organizaciones humanitarias. En esos lugares será donde se preseleccione a quienes tienen opciones de recibir asilo y desde donde se devuelva de inmediato a sus países a quienes no.

“La gente no va a poder salir de allí. Además, quien llega tiene derecho a una asistencia letrada, a un intérprete, pero todas estas garantías van a a desaparecer en los hotspots porque en principio no habrá una decisión judicializada para cada persona”, denuncia Aierbe.

REFUERZO DE FRONTEX

En los primeros nueve meses del año han llegado a Europa a través de sus fronteras exteriores 710.000 migrantes y demandantes de asilo. En todo 2014 fueron 282.000, según Frontex, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión. Ante el objetivo de aumentar las expulsiones, que será proporcional al elevado número de llegadas, la UE ha decidido reforzar el mandato de este cuerpo de seguridad y subir su presupuesto.

Si en algo hay consenso entre los miembros de la UE es en que quieren reforzar la vigilancia en las fronteras exteriores, aunque falta que se pongan de acuerdo en las “modalidades” para hacerlo, mientras las organizaciones humanitarias se quejan de que la UE da más prioridad a la seguridad que a las personas. La propuesta de la Comisión, apoyada con fuerza por Francia, de crear un cuerpo de guardia europeo para ese control no convence a otras capitales, que ven con recelo ceder soberanía.

READMISIÓN Y NEGOCIACIONES CON TERCEROS PAÍSES

Para Aierbe, hablar de “readmisión” es hablar de “chantaje y presión a países de la periferia, para que a cambio de ayudas económicas y visados -como exige Turquía-, acepten de vuelta a los migrantes que la UE expulsa”. También significa “externalización del asilo y las fronteras a países circundantes”. Para los que llegan, “es terriblemente problemático respecto a sus derechos”. Para los expulsados, igual: “Está documentado que la situación en esos países no se ajusta a los derechos humanos, y les obligan a acogerles al margen de sus estándares”.

Los líderes de la UE van a exigir a los países con los que existen acuerdos de readmisión que agilicen este proceso y también colocar la política de retorno en la primera línea de los futuros acuerdos que se negocien con otros socios.

FONDO DE EMERGENCIA EN ÁFRICA

Hace tres semanas, los líderes de la Unión Europea asumieron el compromiso de contribuir a un fondo de emergencia para África por valor de 1.800 millones de euros, para en teoría reducir en el origen las causas que empujan a muchos a emigrar. “Cuando escuchas a [Mariano] Rajoy diciendo que ‘hay que ir a las causas’, dices, ¡caray, parece que nos ha comprado el discurso”, cuenta con sorna Aierbe, que recuerda que el Gobierno “le ha dado un tajo a la cooperación y el desarrollo, y no puede decir ahora que lo fundamental es eso”.

Para contribuir realmente en el desarrollo económico de esos países, la UE debería “cambiar radicalmente su política de cooperación y desarrollo”, dice Aierbe. Para empezar, Europa no cuestiona las estructuras corruptas en esos países, y, según este experto, buena parte de la ayuda se destina a “beneficiar a las empresas europeas”.

Con la política de readmisión y la firma de acuerdos con terceros países, la UE explora aplicar el principio de más por más como una de las fórmulas para condicionar las ayudas al desarrollo a la colaboración de estos países.

MIGRACIÓN ILEGAL VS LEGAL

La UE, a la vez que pugna por “reducir los incentivos para la migración irregular”, quiere “desarrollar una nueva política para la migración legal, atrayendo a trabajadores que necesite la UE”. Aquí los expertos ven varios problemas. “La idea de la UE es que los migrantes cualificados son bienvenidos, pero los demás no”, señala Manieri.

Para Aierbe, este enfoque de buscar a la gente que la UE quiere es “un absurdo”, e insiste en que “todas las entidades e instituciones indican que el problema fundamental es que está cerrada la posibilidad de obtener visados en países africanos, a pesar de la necesidad de mano de obra de la UE”.

Fuente: El Huffington Post

“Primero los pacientes, luego nos pegamos para ver quién paga la factura”

El pasado 4 de agosto de 2015 fue presentado a las Cortes Generales el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 y en la página 207 del Informe Económico y Financiero podemos leer: “Para el cumplimiento de sus objetivos, la política penitenciaria trata de racionalizar y priorizar los medios disponibles haciendo un uso eficiente de los recursos que se le asignen y que durante 2016 ascienden a 1.149,71 millones de euros, lo que supone un incremento de 25,05 millones de euros respecto al ejercicio anterior, de los que 20 millones de euros se destinan a productos farmacéuticos para tratar a los reclusos contagiados de Hepatitis C”.

Sorprendida, tengo que volver a leerlo de nuevo. ¿Dinero para fármacos para reclusos/as infectados de hepatitis C en los Presupuestos Generales? Por un momento no entiendo nada. Recuerdo que, en febrero de 2014, cuando Manuel Trancoso reclamó el tratamiento de su hepatitis C con la triple terapia, le contestaron que no correspondía a la Administración penitenciaria; recuerdo a la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria denunciando que las personas con hepatitis C que estaban en la cárcel no estaban siendo tratadas; recuerdo a Pablo Saiz de la Hoya, miembro de esta misma sociedad, avisando de que se había perdido el concepto de equidad en la sanidad penitenciaria, ya que no se estaba tratando igual a las personas presas que al resto de la población –”para evitar el coste se nos ha prohibido prescribirlo”–; recuerdo el Informe Anual del Defensor del Pueblo de 2014 denunciando que los nuevos medicamentos incluidos en la triple terapia no estaban llegando a los/as presos/as; pienso en la sentencia, de septiembre 2014, de un juez de Valladolid dando la razón a la Consejería de Salud de Castilla La Mancha frente a la demanda del Ministerio del Interior, que pretendía que fuera la comunidad autónoma la responsable de pagar el tratamiento, dejando muy claro que era responsabilidad de Instituciones Penitenciarias el pago y, también, recuerdo a José Manuel Arroyo, subdirector de Sanidad Penitenciara, diciendo en junio de 2015, a pesar de todo esto, que confiaba en que antes del verano “todas las comunidades acepten y entren en el redil” (esto es, paguen ellos los medicamentos).

Pero no. Parece que, por fin, el Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias reconoce que es de su competencia la salud de las personas que están en prisión y que, al tratarse de una medicación de tipo ambulatorio, son ellos los responsables de costear el medicamento por muy caro que sea. Los problemas surgieron a partir de la aparición de esta nueva terapia, mucho más efectiva pero también mucho más cara, y desde entonces han hecho todo lo posible por prorrogar la aceptación de esa responsabilidad sin tener presente las terribles consecuencias que esto tenía para la salud de las personas.

Según parece, las personas enfermas de Hepatitis C que están en la cárcel comenzarán a recibir un tratamiento adecuado sin que antes sea necesaria una lucha sin fin para ver quién se va a hacer cargo de la factura. Por fin, el Ministerio del Interior ha asumido que no puede seguir eludiendo sus responsabilidades. Si bien rectificar es de sabios -en este caso tras sentencia judicial que le señala el camino- ¿nadie ha de asumir alguna responsabilidad política dimitiendo?

La asunción de responsabilidades por parte de Instituciones Penitenciarias me alegra, claro. Pero la alegría dura poco. Basta con pensar en el número de personas para laa que esta noticia ha llegado demasiado tarde, cuántas personas han muerto o para cuántas el tratamiento no podrá ya ser efectivo. Eso tan obvio que José María Pino, director general de Asistencia Sanitaria de Castilla La Mancha, dijo: “Cada uno estamos para defender nuestra parte, pero lo primero son los pacientes y luego nos pegamos para ver quién paga la factura”. Pero parece que no es visto así por todos.

Frente a él, José Manuel Arroyo decía que sólo pagaría cuando una sentencia firme le obligara, haciendo oídos sordos a lo que había dicho la Defensora del Pueblo, que había solicitado a Instituciones Penitenciarias que pagase los medicamentos y después cobrase las facturas a quien considerase responsable. No nos podemos olvidar que Manuel Trancoso está hoy curado porque la comunidad autónoma andaluza se hizo cargo de su tratamiento –tarde, pero se hizo cargo- aun cuando sabía que no era su responsabilidad. El Ministerio del Interior, sin embargo, antepuso en todo momento sus intereses económicos, olvidando los derechos de los pacientes.

A esa tristeza por los que ya murieron se une la preocupación por saber a cuántos presos/as llegará el tratamiento. Si el tratamiento de la triple terapia cuesta unos 25.000 euros y en la cárcel, entre las 65.000 personas internas, hay más de 16.000 infectadas de hepatitis C ¿cuántas podrán ser tratadas por el presupuesto? Si piensa que una persona merece siempre un trato digno –estar o no en la cárcel no cambia nada– haga la cuenta. La tarea no ha terminado.

Marian Pérez Bernal – Área de Cárceles de la APDHA

Fuente: el blog de APDHA

Cies No denuncia una respuesta “en bloque” contra internos árabes en Zapadores

 “Nos preocupa mucho que se esté haciendo un tratamiento en bloque a todas las personas de Zapadores que entren en un perfil”, explica Ana Fornés, portavoz de la campaña Cies No en Valencia.

La madrugada del pasado lunes, vecinos del barrio alertaron a las organizaciones civiles ante los disparos que se oían dentro del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores.

Una unidad de policía antidisturbios entró en el recinto y, según afirman desde Delegación de Gobierno, dispararon salvas y cargas de proyección sin proyectil para “intimidar” frente un supuesto motín protagonizado por algunos internos de origen árabe.

Los vecinos y miembros de Cies No que acudieron al barrio de Monteolivete, donde se encuentra el centro, señalan los gritos de dolor que oyeron mientras veían cómo los policías bajaron a varias personas que se habían accedido al tejado del edificio.

Al día siguiente, desde Cies No acudieron a Zapadores para intentar hablar con los internos y reconstruir los hechos de la anterior noche, pero el personal de Zapadores les afirmó que “no había ningún árabe en el centro”.

Desde Delegación de Gobierno desmintieron que se hubiera trasladado a los internos argelinos y marroquíes, y afirmaron que habían pasado a disposición policial. Sin embargo, desde la organización Cies No denuncian que, a pesar de que hay un auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que les permite entrar en el recinto, tras los hechos “no nos han dejado pasar”. “Nos está costando mucho hacer una reconstrucción de los hechos, no podemos tener acceso”, señala Fornés.

A la plataforma le preocupa especialmente que la policía esté aplicando la misma respuesta a todo un grupo por su origen más que por la implicación en los hechos del pasado lunes.

“La policía dijo ante los medios que se trasladó a todas las personas de origen árabe. En el caso de que sea así, esto podría ser un acto xenófobo, ya que se les está tratando por su origen, no por lo que hicieran esa madrugada”, explica Fornés a Diagonal.

La policía cifra en 56 los internos que habían participado en el supuesto motín, pero, según apuntan desde Cies No, “no todos participaron de la misma manera”.

Fornésexplica que “una de las cosas que no tenemos claro es si han pasado todas a disposición judicial o no, y también nos preocupa que ayer anunciaran en prensa que iban a expulsar a seis personas. Creemos que es una medida errónea, deberían paralizar las deportaciones hasta que haya una reconstrucción de los hechos”.

Entre las 56 personas que la policía apunta como participantes en el supuesto motín y contra los que las organizaciones civiles temen que se tomen represalias hay varias en situación vulnerable, como dos menores de edad y un hombre con problemas graves de salud.
¿Un infarto cerebral en Zapadores?

Abdelali I. es un ciudadano marroquí de 40 años que fue ingresado en Zapadores tras acudir a una comisaría a tramitar documentación con la que optar a ayuda para búsqueda de empleo de una asociación de Castellón. Llegó a España en 1996 y estuvo trabajando durante ocho años en Benicarló, donde vivía con su pareja.

“Al quedarse en el paro no sólo perdió su trabajo, sino todo lo demás: no le renovaron los papeles para residir legalmente y, posteriormente, le quitaron la tarjeta médica y el derecho a recibir asistencia sanitaria”, explican desde Valencia Acoge y Jo Sí Sanitat Universal.

En diciembre de 2013, Abdelalí sufrió un infarto cerebral. Cuando su pareja le llevó a Urgencias, le obligaron a firmar un ‘compromiso de pago’ mientras le traslabadan para ser atendido. Cuando, una semana después, le dieron el alta, el propio médico señaló en su informe que “no se le habían hecho todas las pruebas necesarias por no disponer de tarjeta sanitaria y no se le deriva a consultas externas por causas administrativas”.

Con el apoyo de organizaciones sociales de Valencia, Abdelalí pudo recurrir las facturas y recibir atención médica. También se le tramitó una tarjeta provisional.

Desde Valencia Acoge y Jo Sí Sanitat Universal señalan que tienen constancia de que Abdelali “fue víctima de los altercados ocurridos en la madrugada del 7 de septiembre en Zapadores, pero “no se dispone de información oficial sobre su estado de salud”.

Estas organizaciones si han podido averiguar que, el mismo día de la detención, la policía ya había tenido que trasladar a Abdelali a Urgencias por un infarto cerebral y barajan la posibilidad de que sufriera un segundo infarto durante su ingreso en Zapadores.

“Su médico de cabecera ha transmitido a la pareja de Abdelali que es probable que le vuelva a dar otro infarto cerebral más grave”, afirman desde ambas organizaciones, que señalan que, antes de entrar en Zapadores, Abdelali tenía reducida la movilidad de la parte derecha del cuerpo y había perdido toda movilidad en la mano derecha. “A pesar de esta situación, ningún responsable del CIE en ningún momento ha avisado a sus familiares ni a su abogada de oficio”.

Fuente: Diagonal