Examen al Estado español por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas

El examen al Estado español lo realiza un Comité de expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas es muy crítico contra las vulneraciones de Derechos Humanos que habitualmente practica el Estado español (en este caso el PP), que viene incumpliendo sistemáticamente sus obligaciones internacionales, de respeto a las personas, principalmente las más débiles y oprimidas por los poderes judiciales, policiales, gubernamentales (Ministerio del Interior). Se demuestra que no estamos en un Estado democrático.

Prentsa oharra – Nota de prensa

Acaba de finalizar el sexto examen periódico al Estado español por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El mismo se ha llevado a cabo los días 6 y 7 de julio. Los miembros del Comité han tenido ocasión de reunirse con las asociaciones allí presentes de manera privada y confidencial, y de leer los informes e informaciones aportadas por las mismas, además de tener ocasión de tener un diálogo de cara a preguntar sobre cuestiones de su interés.

El día 6 por la tarde y el 7 por la mañana, ha tenido lugar el examen. En el mismo, han realizado numerosas preguntas a la amplia delegación española, y después, miembros del Ministerio de Justicia, de Interior y Exteriores, entre otros, han ido respondiendo a las diferentes cuestiones.

Los miembros del Comité han sido muy directos y se han mostrado contundentes en temas que ya recogieron en su último informe de recomendaciones en 2009, y han hablado de “bloqueo” por parte del Estado español a la hora de aplicar los cambios sugeridos por las instituciones internacionales. Así, denunciaban que desde el ámbito internacional existe unanimidad a la hora de denunciar que el gobierno español no cumple con las obligaciones internacionales, y sin embargo, no toma ninguna medida a este respecto. El miembro del Comité D. Muhumuza Laki ha realizado por ejemplo una sola pregunta: espetaba a la representación española en la sesión de hoy que “el problema de España no es que falten leyes, ya que han explicado largamente el impresionante arsenal de leyes de protección. Sin embargo, la cantidad de denuncias de vulneración de derechos es también impresionante. Así pues, ¿se debe a que se da una aplicación selectiva de la legislación? ¿Se debe a una falta de voluntad política?

Temas como la incomunicación han copado gran parte de las preguntas, y la reticencia de las autoridades españolas a retirarla de su legislación, como ha venido siendo recomendado. Olivier de Froubille ha criticado la restricción del derecho a la defensa, con la imposibilidad de elegir un abogado y entrevistarse en privado con él también ha sido criticada en diferentes momentos y motivo de incredulidad “¿esto no va a cambiar con la reforma?”. Finalizó su breve intervención afirmando “no solo debe impartirse justicia, además, tiene que parecer que se imparte”.

Y. Iwasawa también ha realizado una única y breve intervención, pidiendo ser respondido en 48 horas: “el artículo 10.2 de la Constitución Española establece que en lo relativo a los derechos fundamentales, se interpretarán de acuerdo a los tratados internacionales. La pregunta es: ¿esto es así o no?”

Han sido numerosas las preguntas también en cuanto a la falta de investigación de las denuncias de tortura (con especial hincapié en las demandas presentadas por Iñazio Otaño y Tomás Madina, dos denuncias recientes pero en las que no se han dado avances en los últimos años. La delegación no contestó inicialmente y ante la insistencia del Comité únicamente se refirió a ellos como acusados de terrorismo sin entrar a valorar las denuncias, motivo igualmente de queja por parte del Comité) y el papel de los médicos forenses de la Audiencia Nacional. Los miembros del Comité pidieron al gobierno que les ofreciera información sobre la demanda recientemente presentada por un grupo de médicos argentinos ante la Asociación Médica Mundial ante la actuación deficiente de los médicos forenses adscritos a la Audiencia Nacional. También recordaron que estos médicos forenses no vieron ningún motivo de preocupación en la situación de Oihan Ataun y Beatriz Etxebarria durante la detención incomunicada, y sin embargo el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por lo que ocurrió precisamente durante esta incomunicación.

El aislamiento penitenciario y cómo se justifica también ha sido una de las cuestiones planteadas por la miembro del Comité Sarah Cleveland, refiriéndose concretamente a la abogada Arantza Zulueta, de quien han pedido información. Petición que tampoco ha sido atendida.

Cuestiones como la situación de vulneración de derechos en Ceuta y Melilla, las “devoluciones en caliente” a las que los delegados españoles no querían llamar así dado que consideraban que al no haber entrada no podía darse una devolución), así como la situación de los centros CIEs, los menores migrantes no acompañados, la discriminación, y la trata de personas también han centrado las numerosas preguntas dirigidas a la delegación.

Uno de los puntos que han causado mayor fricción entre los miembros de la delegación y los miembros del Comité ha sido cuando el Abogado del Estado, miembro de la delegación española, ha respondido al Comité (ante su pregunta de por qué no cumple los dictámenes individuales como los emitidos por los casos de Maria Atxabal y Ali Arras) que si bien el gobierno español debe respetar los tratados internacionales, no está atado a lo que diga el Comité (no reconociendo la legitimidad de quien le estaba examinando en ese mismo momento).

El informe de conclusiones será publicado al final de esta 114ª sesión del Comité de Derechos Humanos, el día 23 de julio.

Genevan, 2015.eko Uztailaren 7an

beha