Este informe actualizado y ampliado, a partir del primero elaborado y hecho público hace dos meses. Será presentado en la comparecencia de nuestra asociación ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco que se ha dirigido a nosotros para pedirnos información después de la visita que ésta comisión realizó al nuevo penal de Zabaia (Iruña de Oca). Es una valoración tras cinco meses desde que comenzó su ocupación con el traslado de gran parte de la población presa encarcelada en la otra prisión del municipio de Iruña de Oca.

En primer lugar hemos de recordar que la nueva cárcel en Zabaia nos ha costado 116 millones de euros ya que ha sido construida con dinero público. Con su edificación, se han beneficiado empresas nacionales y multinacionales privadas. Además su costo de mantenimiento es de aproximadamente 40 millones de euros anuales. Se construyeron cárceles sin previsión de los recursos humanos y materiales necesarios para mantenerlas (gastos corrientes, personal, mantenimiento y reposición de equipamientos e infraestructuras, etcétera).

Ahora con los recortes del gasto público las prisiones recién edificadas o en fase de construcción resultan inviables. La actual Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha decidido que no se van a construir los CIS (que es por donde en primer lugar se tenía que haber comenzado) así como la paralización de las macro-cárceles cuya edificación no ha sido iniciada como es el caso del reclusorio de Zubieta en Donostia-San Sebastián.

A fecha de hoy no solo no se ha cerrado la cárcel de Nanclares de la Oca sino que ha empeorado la situación de las personas recluidas en ella en situación de tercer grado que se encuentran abandonadas. Además siguen residiendo en las viviendas dentro del recinto penitenciario funcionarios de prisiones que ahora trabajan en la nueva. La mayoría de las personas presas en tercer grado cumpliendo condenas son residentes o tienen arraigo en Bizkaia por lo que lo lógico hubiera sido ubicar un CIS en este territorio.

A fecha de hoy según diversas fuentes que hemos podido contrastar (personas presas, familiares y entidades de denuncia y apoyo), existen graves carencias fruto de las condiciones de encarcelamiento que se dan en este centro de reclusión que ya denunciamos antes de su construcción y que ahora constatamos.

A continuación describimos algunas que no son sino un botón de muestra y un exponente de las nefastas condiciones de encarcelamiento en las que se encuentran las personas recluidas en Zabaia lo cual resulta especialmente preocupante si tenemos en cuenta que todas éstas situaciones de agravarán a medida que la prisión se vaya primero llenado y después como ocurre hasta la fecha en todas la nuevas prisiones inauguradas durante los últimos años, se vaya masificando y hacinando.

Algunas de las quejas y carencias aquí recogidas coinciden con las del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que en el informe que adjuntamos, realizado por sus técnicos los días 14 y 22 de febrero indican algunas de las deficiencias (riesgos de caída de personas, de caída de objetos por desplome, goteras y humedades en lugares donde existen equipos eléctricos, riesgos relacionados con incendios, atropellos, golpes o choques contra vehículos, condiciones ambientales deficientes, problemas de orden y limpieza, etcétera).

1. 1. SITUACIÓN EN LOS MÓDULOS Y EN LAS CELDAS

En la actualidad hay en los dos penales un total de más de 700 personas presas. Unas 100 en tercer grado de cumplimiento en Nanclares de la Oca y el resto en Zabaia. Hay un total de 11 módulos: 4 de ellos estás sin utilizar (3 ordinarios: M1, M2 y M7 y el módulo para presos en primer grado). 2 son para mujeres presas: M9 y M10. 5 para hombres (3 de ellos ordinarios M3, M4 y M5 y 2 de ellos son módulos llamados de respeto: M6 y M8).

Hay módulos de hombres donde ya hay más de100 presos y a medida que se acerquen a ser 140 dado que se están poco a poco trasladando más presos sin abrirse nuevos módulos los problemas de convivencia provocados por la masificación se acentuarán.

Algunas personas presas nos han comentado que los módulos ordinarios son como micro-cárceles de aislamiento, con un régimen de primer grado encubierto, ya que toda la vida se desarrolla en el módulo y son muy escasas las salidas a otros departamentos, todas las asistencias y actividades de desarrollan dentro de cada módulo (visitas médicas, de educadores, de voluntarios, etcétera) siendo excepcional el uso de los módulos construidos y destinados para actividades socio-culturales, laborales, sanitarias y de rehabilitación.

También se quejan de la desaparición de objetos personales que a raíz del traslado del penal de Nanclares al de Zabaia no pudieron llevar consigo. Ponen como ejemplo libros, documentos y las televisiones que eran de ellos, como en la nueva prisión hay instaladas de serie en las celdas no les permitieron llevarlas y ahora no se les devuelven.

A pesar de haber espacio de sobra aún, muchas celdas están ocupadas por dos personas debido a la falta de personal en el centro y para facilitar el trabajo al personal de vigilancia. Ya hemos indicado que existen módulos sin utilizar, cerrados.

Las celdas tienen 1 metro cuadrado más que en la vieja pero no cambia la falta de intimidad, la deprivación sensorial por la falta de colores (todo cemento gris), la ducha con pulsador, los wáteres sin puerta para facilitar el control visual, el trato totalmente impersonal, la presencia de una TV en cada celda para tener a los presos aislados y viendo la televisión.

Escasa iluminación natural en las celdas a lo largo del día debido a la ubicación de la cárcel, cuestión preocupante si tenemos en cuenta que es el lugar donde habitualmente pasan en tiempo. En general tanto en las celdas como en el resto de espacios de la prisión se utiliza mucha luz artificial con los costos que esto acarrea.

1. 2. VIGILANCIA Y TRATO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS

Los patios tienen unas paredes verticales impresionantes, mucho más altas que el otro centro. Prima la obsesión por la seguridad tal y como se puede constatar por la presencia de cámaras en todas partes: en el comedor, en los patios, en las garitas, en los pasillos, en los baños, etcétera). Se prioriza la contención y vigilancia por encima de todo.

Se está centrando casi todo en los módulos (visitas medicas, visitas de los educadores, visitas de voluntarios, etcétera). Así, las personas que no tienen destino, no salen para nada del modulo. No pueden salir de los módulos para ciertas actividades, con lo que en unos casos dificulta la realización y en otros impide el acceso de las mismas: maestros, atención religiosa, etcétera. En general las personas presas, familiares y personas consultadas que trabajan allí consideran que todo resulta muy inhumano, impersonal y lo ejemplifican con diversos datos.

Las lunas están tintadas en todos los cristales. Al entrar a la prisión, para hablar con el funcionario, has de hacerlo a través de una ventanilla minúscula, no existiendo apenas contacto visual. Los funcionarios están metidos en urnas de cristal-espejo y te comunicas a través de una ventanita de 30 por 10 centímetros, obligándote a agacharte y levantar la vista para hablar. La altura de la garita para la comunicación entre la persona presa, las visitas y el funcionario es incómoda, no se ve al funcionario. El trato con el funcionariado es más frío e impersonal. No tienen contacto con ellos. La estructura de la garita está hecha para recordar a la persona que se dirige al funcionario quién es la autoridad y genera una sensación de desamparo y sometimiento, de incomunicación.

Las garitas de control están con espejos oscuros, dando la sensación de estar todo el tiempo vigilado. Existe poco contacto entre las personas presas y el funcionariado y ninguno entre los distintos módulos.

Sigue siendo difícil contactar con el equipo de Tratamiento. No hay posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías para facilitar la comunicación.

Las cocinas están en un edificio distinto a donde se sirven. No tienen calefacción debido a normativas de seguridad. Los carros tienen que pasar por el recinto abierto, con lluvia, frío, etcétera, llegando incluso a mojarse las personas presas que los llevan y la comida que no va en los termos (pan, yogures, etcétera). En el caso de los presos recluidos aún en Nanclares muchosd de los que salen en régimen abierto optan por traerse la comida. La comida a esta prisión llega desde el penal de Zabaia.

La lavandería tiene problemas con las máquinas. Se recoge alternativamente una vez a la semana la ropa de vestir y la semana siguiente la de cama y aseo, no permitiéndose tener sabanas y toallas propias que se cambian cada quince días. La ropa interior no se recoge y la tienen que lavar a mano y secarla como puedan en la celda.

1. 3. TRANSPORTE Y ACCESIVILIDAD A LA CÁRCEL

La actual macro-cárcel, está aún más aislada de la sociedad que la anterior. Está en un monte y la su estructura no es la más adecuada para el clima de ésta zona. Empezando por la zona de construcción y siguiendo por cuestiones tales como espacios muy amplios, corrientes y el difícil  acceso.

Centrándonos en esta última cuestión, efectivamente es de muy difícil accesibilidad, sobre todo en invierno, con nieve, presente debido a la alta pendiente de las carreteras de acceso serias dificultades y riesgos. No existe ninguna manera para subir al centro penitenciario mediante transporte público para las visitas de las familias, o para las personas presas que salen de permisos o en libertad.

Al no haber servicio de autobuses ni ningún tipo de transporte público, quien no tenga vehículo privado para ir al centro o para recogerle al salir la única posibilidad con la que cuenta es pagar un taxi. Ida y vuelta suponen 50 euros. Y esto hace que muchos familiares no puedan permitirse el lujo de ir a visitarles allí o tengan que hacer un esfuerzo económico muy grande cuando en la mayoría de los casos son familias pobres y con escasos recursos económicos para vivir.

Lo que podemos constatar es que la ubicación del centro tal y como se denunció es nefasta. Si el anterior Centro Penitenciario estaba alejado de la ciudad, el nuevo Centro está aún más alejado y esto dificulta la comunicación y relación social de las personas presas con el mundo exterior.

El Departamento de Obras Públicas y Transporte de la Diputación Foral de Álava cuenta con presupuesto para mediante un convenio pendiente aún de suscribir  con Instituciones Penitenciarias facilitar la existencia de transporte público a la prisión de Zabaia. A nuestro juicio resulta incomprensible que aún no exista dicho transporte. La medida de parcheo ha sido dar servicio a la demanda desde Nanclares mediante un servicio de taxi desde Nanclares. La solución lógicamente sería considerar la prisión como un nuevo núcleo de población en el municipio y hacer que el transporte ordinario hacia y de Vitoria-Gasteiz pase por Zabaia. La solución para el problema de transporte para los presos aún recluidos en Nanclares a nuestro juicio pasaría por el cierre prometido de esa prisión.

1. 4. USO DE LOS SERVICIOS SOCIO-CULTURALES, LABORALES Y OCUPACIONALES

A día de hoy el nuevo Centro Penitenciario no funciona al cien por cien. No hay talleres en funcionamiento, actividades aún sin comenzar y que no se sebe ni cómo ni cuándo se llevarán a cabo. Apenas tienen actividades ocupacionales y en cualquier caso menos que en la anterior prisión en la que se encontraban.

En el destino del taller que se trabaja para Fagor. Los trabajadores en prisión están en precario y pasan de 8 de la mañana a 5 de la tarde en un modulo sin ventanas, sin teléfono, comen allí por lo que la jornada laboral se hace pesada. Además acceder a estos talleres es un privilegio cuando el trabajo penitenciario resocilizador (art. 25.2 de la CE) está reconocido como un derecho.

El modulo socio-cultural está prácticamente inutilizado, con apenas actividades. La famosa piscina para fines terapéuticos no se utiliza se ve que la construyeron para ocultar como se vive en la cárcel y dar una imagen distorsionada de la vida real en prisión.

1. 5. ENFERMERIA Y ATENCIÓN SANITARIA

El patio de enfermería es especialmente pequeño de tal modo que impresiona la sensación de asfixia y claustrofobia que produce.

El equipo médico es el mismo que en la anterior prisión, lo cual nos indica como ha quedado la asistencia médica para las personas recluidas en tercer grado en el otro centro.

En enfermería, hay ascensores, pero no funcionan. Sólo solicitando a los funcionarios la llave. Hemos de tener en cuenta que estamos hablando de una población usuaria en muchos casos con grandes discapacidades físicas.

1. 6. SITUACIÓN DE LAS MUJERES PRESAS

Existen dos módulos para mujeres. El módulo 9 que funciona como “módulo de respeto para mujeres” y el módulo 10 donde se encuentran el resto, aproximadamente unas 80 mujeres presas.

El patio de mujeres al igual que el de enfermería es extremadamente pequeño generando la misma sensación de asfixia y claustrofobia. No tienen biblioteca ni perspectivas de tenerla y aunque disponen de un taller de ordenadores no tienen acceso a internet.

Manifiestan las mujeres presas su preocupación por la existencia de muchas más peleas que en la vieja cárcel, consideran que el funcionariado está peor y las presas también. No hay contacto físico con el funcionariado y eso estresa mucho. Muchas funcionarias de la vieja cárcel pidieron el traslado a otras cárceles porque no querían ir a la macrocárcel, unas 10 más o menos

En el departamento de mujeres sigue sin haber un módulo para madres con hijas e hijos a su cargo (menores de 3 años) por lo que a las presas residentes en la CAPV en esta situación se las sigue trasladando de prisión.

1. 7. SITUACIÓN EN EL ANTERIOR CENTRO PENITENCIARIO DE NANCLARES DE OCA

Las presas y los presos en tercer grado permanecen en Nanclares de la Oca. Están en el antiguo departamento de mujeres de esta prisión con tan solo una dotación de un funcionario por turno. Todo el personal de vigilancia y técnico fue trasladado a la prisión de Zabaia por lo que todas las personas presas en Nanclares dependen para todo del nuevo penal (asistencia médica, alimentación, cuestiones administrativas, etcétera) encontrándose mezcladas categorías muy distintas de reclusos (hombres y mujeres, en diversas situaciones con respecto a las salidas diarias o de fines de semana, jóvenes y adultos, etcétera).

Las más de cien personas presas que aún se encuentra recluidas en situación de tercer grado en la prisión de Nanclares de la Oca, muchas de ellas sin salidas diarias o en régimen abierto, se encuentran en situación de abandono tras el traslado del resto de reclusos/as, personal de vigilancia, sanitario y de tratamiento al penal de Zabaia sin reestructurarse convenientemente los servicios para este reclusorio. La sensación de las personas allí recluidas de sentirse totalmente condenadas al ostracismo, sin servicios, sin actividades, etcétera.

Podemos destacar entre otras algunas situaciones que recogemos a continuación: el lote higiénico que daban mensualmente, (papel higiénico, productos para limpiar la celda, preservativos…) ya no se da. Lo tienen que comprar los/as internos/as. No hay calefacción. Hace un frío insoportable (ahora dicen que están empezando a ponerla). Se quejan también de la comida, de que no hay mucha variedad. Las instancias que dejan para solicitar permisos, revisiones u otras no llegan a tiempo o se extravían.

Cabe destacar por último que no hay personal sanitario (médicos, ATSs, etcétera) fueron trasladados a la otra prisión y en esta se han quedado desasistidos. En la prisión de Nanclares las personas que toman medicación se ven muchos días que no la tienen preparada. Pueden estar hasta varios días sin que se la den. En diversas ocasiones ha habido que desplazarse hasta la nueva prisión para que preparen la medicación de una persona que va a estar unos días de permiso y no la tenían preparada al salir.

La decisión es fácil tanto para los políticos del gobierno, como para los jueces a su servicio a la hora de absolver o sentenciar a quienes convencidos de que la “Ley de Partidos” violaba el derecho a voto apoyaron esta candidatura.

Una primera y superficial hipótesis, a simple vista, parece la más verosímil. A las puertas de las elecciones autonómicas y con un Gobierno Vasco cuya composición política y control de la administración autonómica emanó del resultado de esa prohibición y, cuando tanto las prospecciones, como los resultados de las recientes elecciones municipales y estatales apuntan hacia un viraje de 180º en los resultados, parece que los partidos nacionalistas españoles en el País Vasco, tendrían interés en un fallo condenatorio. La total absolución sería deslegitimar aún más su deteriorada imagen, en vísperas de elecciones autonómicas, menoscabando y mermando su futuro apoyo en el mercado electoral vasco. Por lo tanto necesitarían una sentencia condenatoria aunque sea disfrazada con absoluciones y condenas simbólicas selectivas. Aparentemente necesitarían condenar para ganar, pero me temo que teniendo en cuenta la segunda hipótesis condenando, saben que pierden.

La segunda hipótesis, tiene en cuenta la anterior y, supone que quienes hoy detentan el gobierno autonómico en el País Vasco, saben también que el efecto de hacer visible una decisión judicial condenatoria no sería sino protagonizar una huida hacia adelante y un hecho contrario a sus intereses. El no reconocimiento de su despropósito en aquel momento, sacrifica sus propios objetivos prioritarios ahora. Necesitan frenar la tendencia al incremento del voto nacionalista vasco y saben que una sentencia condenatoria se traducirá directamente en el incremento del voto a las opciones censuradas en su momento. Por lo tanto si no absuelven, literalmente la cagan, sin duda pierden el partido y, aunque parezca paradógico, en el fondo necesitarán una absolución para poder ganar.

Posiblemente tengan ya su decisión tomada porque, si realmente la dejan en manos única y exclusivamente de los jueces, la absolución, desde la lógica del derecho garantista, es impepinable. Sus intereses, para no salir perdiendo, en éste caso, coincidentes con la lógica que habría de funcionar en una sociedad democrática: independencia del poder judicial y garantías procesales.

Si politizan este juicio, pervirtiendo estos principios, tal y como ya lo han hecho en muchas otras ocasiones, tendrán que atenerse a las consecuencias y, me temo, que en estos momentos serán nefastas para las aspiraciones de los partidos nacionalistas españoles. Penosos políticos si no caen en la cuenta de que todo lo que decidas sin previsión de sus consecuencias a largo plazo, se vuelve contra ti.

Salhaketa-Araba

120424 Vitoria Gasteiz

Hacinamiento en Zaballa El colectivo de apoyo a los presos se refirió también a la situación en la que se encuentra la macrocárcel de Zaballa tan sólo tres meses después de haber sido inaugurada. A juicio de Salhaketa los recortes le están afectando directamente ya que el penal se encuentra “a medio gas”. Según explicó Manzanos, el Gobierno central ha reducido la dotación destinada al mantenimiento de las infraestructuras penitenciarias, lo que ha provocado que no haya funcionarios suficientes para atender las instalaciones. “Hay dos presos en cada celda hacinadas porque no hay personal, cuando hay celdas que están vacías”, señaló.

El centro penitenciario Araba, más conocido como Zaballa, abrió sus puertas el 21 de septiembre de 2011, aunque no fue hasta tres meses después cuando se dotó de actividad con el traslado de los 550 presos de Nanclares de la Oca. Sin embargo, su capacidad es de 1.500 personas. Así, las condiciones actuales han obligado al reagrupamiento de internos, lo que, lejos de mejorar sus condiciones de vida como afirmaban algunas voces, han empeorado. Además, las tan comentadas zonas lúdicas, como la piscina, el aula de música o las zonas verdes, no se utilizan.

Salhaketa ha criticado con dureza al alcalde de Iruña de Oca, el socialista Javier Martínez, por el hecho de que el viejo penal del municipio alavés vaya a continuar abierto para acoger usos penitenciarios. El colectivo de apoyo a los presos insiste en que el primer edil ha incumplido su palabra cuando prometió, amenazando incluso con dimitir si no era así, que el edificio estaría al servicio de los vecinos de esta localidad. Finalmente, la cárcel acogerá a los presos de tercer grado.

La asociación se refirió así al aparente cambio de rumbo que se ha dado en la política penitenciaria. Aparente porque al margen del discurso oficial mantenido por el PSOE desde incluso antes de que se inaugurara Zaballa, las decisiones adoptadas por parte de la Administración central ya apuntaban a que Nanclares iba a continuar bajo la tutela de Instituciones Penitenciarias. Así lo recogía este periódico tras hacerse eco de una orden publicada el pasado 23 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que decía así: “Se cierra el centro penitenciario de Nanclares de la Oca, autorizándose la utilización por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de los pabellones de funcionarios y de las dependencias del centro que se estimen necesarias a los fines penitenciarios”.

Ahora, la nueva Subdelegación del Gobierno central en Álava, en manos del PP, ha confirmado que el municipio alavés de Iruña de Oca seguirá teniendo dos centros penitenciarios: Zaballa y la antigua cárcel. El Gabinete de Rajoy justifica esta decisión en la crisis económica, que le ha llevado a paralizar todas las infraestructuras que quedaban pendientes, incluido el centro de inserción social (CIS) proyectado en el barrio gasteiztarra de Lakua.

La capital alavesa, por lo tanto, no acogerá el centro para presos de tercer grado tras una larga polémica vecinal, pero sí lo hará Nanclares de la Oca en contra de lo que prometió su alcalde. A juicio de Salhaketa, el primer edil socialista dio su palabra aún sabiendo que no podría cumplirla. “Dijo que dimitiría si no era así, lo que ocurre es que tiene las espaldas cubiertas, ahora es parlamentario”, explicó César Manzanos, en referencia al cargo que ocupa desde enero Javier Martínez en la Cámara vasca. “Hay gente a la que le hacen dimitir hacia arriba”, añadió el portavoz de Salhaketa.

Salhaketa critica que la cárcel de Nanclares acoja el CIS

La protesta pretende visibilizar la situación de indefensión que viven las personas presas ante las situaciones de mal trato, sobre todo las personas que se encuentran en los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado.

El 28 de Febrero del 2012, Antonio López Cabrera, quien cumple pena privativa de libertad en el Centro Penitenciario de Lledoners, decidió emprender una huelga de hambre para denunciar la existencia de malos tratos en una de las prisiones más modernas de Cataluña.

En la actualidad hay dos procesos penales abiertos por malos tratos realizados por funcionarios del Centro Penitenciario a dos presos. Los casos se están instruyendo ante el Juzgado nº 1 y nº 5 de Manresa. Uno de los casos, de manera totalmente injustificada, ha sido archivado por el Juzgado de Instrucción nº1, sin que ni siquiera se haya tomado declaración a la persona que interpuso la denuncia, y sin que haya sido visitado por un médico forense. En cualquier delito de lesiones o similar, lo primero que se  debería hacer es darle la oportunidad a la supuesta víctima de un delito a expresar su versión de los hechos, así como a ser revisado por un médico forense. Sin embargo, lo único que el Juzgado ha determinado ha sido darle la oportunidad a los funcionarios implicados y a la dirección del Centro Penitenciario de dar su explicación de los hechos. El abogado del interno entiende que “se trata de una clara vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, el cual no se daría si los acusados de haber cometido un delito, no fueran funcionarios de prisiones”. La decisión del Juzgado de Manresa está recurrida ante la Audiencia Provincial.

El segundo de los casos, en el que la situación de mal trato generó lesiones de gran importancia a una persona que se encontraba enferma, aún está abierto en el Juzgado nº 5 de instrucción de Manresa.

Antonio López Cabrera, mediante esta huelga de hambre quiere denunciar ante la sociedad que las situaciones de malos tratos se siguen dando en las prisiones catalanas, en especial en los opacos Departamentos Especiales de Régimen Cerrado. Asimismo, entre los 15 puntos que ha redactado el preso en huelga de hambre reclama que cesen las represalias y coacciones para las personas que deciden poner denuncias ante estas situaciones, así como manifiesta que existe una gran falta de garantías en el proceso sancionador penitenciario. Por último, cabe destacar que entre sus reivindicaciones se encuentra la del cierre de los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado, en los cuales las personas internas se encuentran en régimen de aislamiento pudiendo estar hasta 22 horas al día encerrados en una celda en soledad y sin ninguna actividad a realizar.

Este Sábado se realizará una concentración a las 11:30hs en el exterior del Centro Penitenciario de Lledoners para apoyar al preso en su protesta, y posteriormente a las 17hs tendrá lugar una charla informativa sobre la situación de los casos de malos tratos en la Plaça Gispert de Manresa.

Campaña contra los Malos Tratos en Prisión de Barcelona

Ya tenemos partido único que, al igual que a otros partidos totalitarios en la trágica y aún reciente historia europea, también ha sido apoyado por una mayoría de la ciudadanía, suficiente para por fin tratar de imponernos su proyecto autoritario, para por fin poder actuar sin tener que disfrazar su dictadura con adornos democráticos. Ahora la derecha ya tiene en sus manos toda la maquinaria del estado, su colaboración imprescindible para someter toda relación social a la lógica del mercado, del capital, de un mercado que no nos olvidemos tiene su motor de funcionamiento en la lógica de la guerra permanente. Este proyecto ya en fase de aplicación, se concreta en un cúmulo de medidas rápidas que buscan inhabilitar mediante la amenaza punitiva de la reclusión durante el mayor tiempo posible de encarcelamiento, a quienes se atrevan a protestar ante las reformas políticas, laborales y sociales que están convirtiendo a las clases trabajadoras en infra-clases condenadas a la depauperación y la miseria.

Hasta ahora han utilizado la llamada “violencia terrorista” para justificar, con el supuesto fin de combatirla, la necesidad de endurecer las penas de cárcel o de mantener la aplicación en la práctica de la cadena perpetua a partir de la inconstitucional “Doctrina Parot”. Cuando ya ha cesado la acción armada de ETA, se empeñan en hacerse los incrédulos con el único fin de hacer de la venganza y la humillación su bandera.

Pero sobre todo, tal y como no solo sospechábamos, sino que ya sabíamos, el terrorismo no era para ellos sino una mera coartada para extender la penalización a todo el cuerpo social. Prueba de ello son las nuevas propuestas de reforma penal que nos recuerdan a las de la época de Aznar y que consisten en alargar las penas para todo tipo de delitos, lo cual ni pretende, ni consigue reducirlos o eliminarlos, sino que responde a intereses políticos y económicos ajenos a la prevención y lucha contra el delito y las diversas formas de violencia en la sociedad.

Efectivamente, ahora que no tienen la disculpa de la “violencia armada” para ejercer la represión y catalogar de terroristas a quienes critican y protestan frente a sus imposiciones totalitarias. Amplían el etiquetamiento, criminalizando cualquier forma de resistencia, incluso la “resistencia pasiva”, estigmatizando a otros sujetos sociales como enemigos de la seguridad mediante términos tales como “guerrilla urbana”, “violencia anti-sistema”, etcétera. Cuando quieran, no les hará falta más que ordenar a la policía que se infiltre o presione encendiendo los ánimos (para lo cual está muy bien adiestrada), y lo puede hacer en cualquier tipo de movilización o concentración, para así poder encarcelar arbitrariamente a quienes quieran acusar de “ejercer la violencia”, incluso a quienes sin necesidad de estar presentes hayan convocado las acciones en las que se produzca el altercado.

El objetivo es muy claro: pretenden aterrorizar a la población en general y a la juventud en particular para que encima de condenarnos al recorte y/o privación del efectivo ejercicio de nuestros derechos fundamentales (trabajo, educación, salud, etcétera) también se nos condene a la privación del “derecho a reivindicar nuestros derechos” (huelga, expresión, manifestación, reunión, etcétera). Sus asesores les han aconsejado que lo hagan. Saben que estas medidas servirán para crear un clima de violencia, conflicto y desorden social y, ante los aplausos de sus televidentes, buscan achacar a quienes se atreven a protestar, la responsabilidad de los problemas que sus políticas de estado subsidiarias a la iniciativa del capital han creado.

Por eso no es casual que en situaciones de devaluación de los derechos y de las políticas sociales, se recurra a intensificar la represión y las políticas criminales. El estado es una maquinaria de violencia, no nos olvidemos. Los recortes en materias que afectan a seguridad social de la ciudadanía (trabajo, educación, sanidad, etcétera) no afectan a materias relacionadas con la seguridad del estado (gasto militar, policial, penal, etcétera). Las clases dominantes han capturado y secuestrado al estado para privatizarlo, han sepultado por fin la democracia mediante el asesinato de la soberanía popular, principio básico de la democracia, desplazando la toma de decisiones a élites de poder económico supra-estatales, convirtiendo al estado en un ente meramente administrativo que recauda y utiliza nuestro dinero para financiar sus empresas desplazadas a otros países, para financiar nuestra ruina.

Contra este proyecto totalitario podemos unirnos y lanzar nuestra ofensiva. Es el momento de resistir y, al parecer, vamos por buen camino, porque sino ni se preocuparían en armarse penal y policialmente contra la insurgencia. Ahora es tiempo de actuar sin que sepan cómo, con imaginación y eficacia. Así conseguimos en su momento conquistar los derechos democráticos y así luchamos ahora para que no nos los arrebaten. La manifestación de este sábado día 14 de Abril por la derogación de la “doctrina Parot” y a favor de los derechos de las personas presas es una nueva oportunidad para actuar en este sentido.
César MANZANOS BILBAO
cesar.manzanos@ehu.es 945014273 – 658733150
Escuela Universitaria de Trabajo Social
c/ Los Apraiz, 2 -1006  VITORIA-GASTEIZ

DOCUMENTOS VARIOS:

INFORME 2012

http://www.ikusbide.org/data/documentos/Espetxeratuak.pdf

INFORME 2008

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/3_1672_3.pdf

Los agentes sociales aquí presentes, que venimos trabajando en contra de la construcción de macro-cárceles en Euskal Herria, queremos mostrar a la sociedad vasca, a nuestras instituciones y a los partidos políticos en general y, en particular a los partidos con representación en el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, nuestra preocupación por la falta de claridad y de criterio a la hora de tomar la importante y trascendente decisión de futuro de construir una cárcel en el municipio de San Sebastián.

El anterior gobierno socialista invirtió 3.000 millones de euros de dinero público en construir nuevas macro-cárceles sin previsión del elevado costo que supondría mantenerlas, sin dotar a los presupuestos generales del estado de partidas para incrementar los recursos humanos y materiales necesarios para su funcionamiento. El costo anual de mantenimiento de las macro-cárceles es muy elevado (según nuestros cálculos en el caso de Zubieta de más de 30 millones de euros anuales, que no nos olvidemos salen de nuestros bolsillos).

La inviabilidad de estas macro-infraestructuras se evidencia con la actual política del gobierno popular de recortar el déficit público puesto que supone, entre otros recortes, el no convocar nuevas plazas de funcionarios de prisiones para dotar de personal a estos centros. Tenemos el precedente de la nueva macro-cárcel recién inaugurada en Zabaia (Iruña de Oca-Álava). Esta cárcel no puede llenarse debido a la falta de funcionarios, además la prisión, tal y como se ha denunciado recientemente funciona a medio gas, con escasas actividades y dos personas presas en cada celda para ocupar menos espacio y poder funcionar con el personal que ha sido trasladado de la otra prisión ubicada en el mismo municipio (Nanclares de la Oca).

Nuestro rotundo rechazo a este proyecto responde a los siguientes motivos:

1º La construcción de macro-cárceles que se inicia en 1991 con el Plan vigente de amortización y creación de centros penitenciarios responde a las demandas del negocio penal no a las funciones legislativas que se otorgan al cumplimiento de penas.

2º No existe un diagnóstico sobre las necesidades de plazas (número, tipo, formas de cumplimiento) ni a nivel de Euskadi, ni de Gipuzkoa que fundamenten la pertinencia del proyecto de Zubieta y, se ha utilizado mediáticamente el argumento de que la cárcel de Martutene está en condiciones deplorables no por una preocupación por las personas recluidas en ella, sino por el interés de justificar la necesidad de la nueva cárcel en Zubieta y de cerrar Martutene debido a intereses urbanísticos ajenos a las necesidades tanto de las personas presas como de la ciudadanía del municipio de Donostia-San Sebastián.

2º El proyecto de cárcel en Zubieta que inicialmente se ha hecho público se pretende ubicar en un espacio de 15 hectáreas, con 504 celdas compartidas, mas 120 complementarias, propuesta que es incompatible con lo que establece la ley y, la convierte en la práctica en una macro-cárcel capaz de albergar a más de 1.200 personas.

Además hemos de tener en cuenta que no es para responder a las necesidades de cumplimiento de condenas de las personas con residencia administrativa o arraigo en Gipuzkoa, la mayoría de las personas que cumplirán sus condenas serán, tal y como ocurre ahora, de fuera de Gipuzkoa, puesto que este territorio no cuenta con más de un total de 600 personas residentes cumpliendo condenas, las cuales en su mayoría cumplen condenas fuera de aquí. Por otro lado, la condición fronteriza de Gipuzkoa hace que  casi la mitad de la población encarcelada en este territorio sea foránea.

3º No se ha tenido, una vez más, en cuenta la opinión de quienes viven en Zubieta, de su vecindario, antes de poner en marcha un proyecto mastodóntico.

4º La política del actual gobierno de construir macro-cárceles y en general de construir nuevas prisiones, responde a un modelo que en lugar de buscar crear las condiciones para que haya menos personas recluidas mediante el impulso de políticas de incorporación social, apuesta por mantener la penalización y el encarcelamiento como la fundamental, por no decir única respuesta a los conflictos sociales, apuesta que está en el origen del incremento desmesurado de la población recluida.

5º Consideramos que la actual administración de justicia penal ha venido demostrando su ineficacia puesto que es incapaz de proteger y reparar a las personas cuando somos víctimas de un delito, ni de garantizar nuestros derechos fundamentales cuando somos procesados o penalizados como presuntos infractores, por lo que resulta imprescindible revisar su papel.

6º El actual modelo de prevención y lucha contra el delito que tenemos viene demostrando que se centra principalmente en la criminalización selectiva de colectivos en situación de exclusión social y de determinados tipos de disidencia política, no existiendo un debate político participativo sobre qué modelo y prioridades en la lucha contra el delito se ha de establecer desde los intereses generales y plurales de la ciudadanía y no desde los intereses particulares del estado y de sus aparatos de control policial y penal. Y mucho menos existe un diagnóstico y debate sobre las respuestas más adecuadas que hemos de articular para la prevención y tratamiento del delito.

Por todas estas razones rechazamos el proyecto e instamos a todas las instituciones implicadas a que acaten la resolución mayoritaria del Parlamento Vasco de Febrero de 2006 en la que se pronuncia explícitamente en contra de la construcción de la cárcel de Zubieta, aprovechando la propuesta de paralización de las obras propuestas por el actual gobierno central para aplicar un modelo de ejecución penal de orientación social acorde con las necesidades de nuestro territorio.

Por eso planteamos al actual gobierno de Bildu en el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, al resto de los grupos políticos municipales que lo representan y a los responsables del Gobierno Vasco con capacidad de decisión sobre qué modelo de servicios y centros podrían crearse, que por encima de otros intereses prioricen las necesidades que Gipuzkoa y la CAPV tienen de plazas de ejecución penal para garantizar las  condiciones básicas y lograr la finalidad que la legislación vigente otorga a las penas, que no es otra que la resocialización que evite la recaída en el delito.

Donostia-San Sebastián, marzo de 2012

GIPUZKOAKO ZUBIETAKO MAKRO-KARTZELA ERAIKITZEKO EGITASMOAREN INGURUAN

Hemen bildu garen gizarte eragileok, Euskal Herrian makro-kartzelak eraikitzearen kontra egonik, gure ardura azaldu nahi diogu euskal jendarteari, gure instituzioei eta bereziki Donostiako udalean ordezkaritza duten talde politikoei. Izan ere, uste dugu irizpide eta argitasun falta nabaria ematen ari dela Donostiako udalerrian eraikiko litzatekeen presondegiaren inguruan, erabaki garrantzitsua etorkizunari begira.

Pasadan legegintzaldiko gobernu sozialistak 3.000 milioi euro bideratu zituen diru publikotik makro-kartzela berrien eraikuntzarako. Azpiegitura erraldoi hauen mantenuak suposatuko zuen diru kopuruaren aurrikuspenik egin gabe, beraein funtzionamendu egokirako ezinbestekoak liratekeen giza baliabideentzako zein baliabide materialentzako partidak handitu gabe Estatuko aurrekontuetan. Makro-kartzelen mantenu kostuak oso handiak dira (gure kalkuluen arabera, Zubietako kasuan, 30 milioi euro urteko).

Azpiegitura erraldoi hauen bideragarritasun eza, agerian geratzen da gobernu popularrak defizit publikoa murrizteko abian jarritako politikekin. Izan ere, besteren artean, presondegietako funtzionario-lanpostu berrientzako deialdirik ez egitea suposatu baitu, presondegien funtzionamendurako beharrezkoa den gutxienekotik behera geratuz. Araban inauguratu berri den Zabaiako kartzelaren aurrekaria daukagu. Kartzela hau ezin da bere edukiera osoan erabili funtzionario gehiagoren beharra dela eta, jarduera gutxi daude eta presoak binaka daude ziegetan preso baino ziega gehiago egonik ere.

Egitasmo honen aurreko gure kontrakotasun argia ondokoan oinarritzen da:

1-      1991an presondegien eraikuntza eta amortizazio planaren bitartez abiatzen den makro-kartzelen eraikitzea, zigorraren inguruko negozioarekin du harremana. Ez legearen arabera zigorrari ematen zaion ustezko helburu birgizarteratzailearekin.

2-     Zubietako egitasmoa justifikatuko lukeen beharren inguruko ikerketarik ez dago, ez Euskal Herri mailakorik ez eta Gipuzkoa mailakorik ere ez. Mediatikoki, Martuteneko espetxearen gabezi larriak erabili dira aitzakia bezala kartzela berria eraiki beharra argudiatzeko. Baina oinarrian dagoena ez da preso dauden pertsonen bizi baldintzekiko ardura, baizik eta hirigintzari loturiko bestelako interesak.

3-     Publikoki eman diren datuen arabera, Zubietako kartzelak 15 hektareatako eremu bat beteko luke, partekatzeko 504 ziegekin, beste 120 osagarrirekin. Legearekin bateraezina den proposamena, eta praktikan 1200 pertsonentzako edukiera ahalbidetzen duen makro-kartzela eredua. Egitasmo hau ez dago zigor askatasun gabetzailea bete beharrean aurkitzen diren gipuzkoarren edo Gipuzkoan bizileku administratiboa duten pertsona kopuruaren arabera pentsatua. Zigorra beteko luketenen gehiengoa ez litzateke herrialdekoa. Bizilekua Gipuzkoan duten presoak 600 inguru dira, eta gehienak hain zuzen ere kondena Gipuzkoatik kanpo betetzen dute.

4-     Egitasmo erraldoi hau abian jartzeko orduan, beste behin ere, Zubietako herritarren iritzia ez da kontutan hartua izan.

5-     Makro-kartzela berrien eraikuntzan oinarritzen den Gobernuaren politika honek, ez du bilatzen birgizarteratze ekimenen bitartez askatasun gabezian dauden pertsonen kopurua murriztuko luketen baldintzak sortzea. Aitzitik, gizarte gatazkei erantzuteko modu bakar bezala kartzelaratzea eta zigortzea aurreikusten ditu. Apustu honek azaltzen du preso kopuruaren etengabeko hazkundea.

6-     Orain arteko justizia penalaren kudeaketak bere porrota aspaldi erakutsi zuela deritzogu. Delitu bat pairatzen dugunean ez delako gai gu babestu eta kalteak konpontzeko; ustezko delitugile bezala prozesatuak garenean gure oinarrizko eskubideak errespetatzeko ezgauza delako. Birplanteamendu orokor bat behar da.

7-     Egun nagusi den delituaren trataera eredua, bazterketa arriskuan dauden gizarte-taldeen eta disidentzia politikoaren kriminalizazio selektiboan oinarritzen da. Estatuaren zein bere kontrol polizial eta penalerako aparatuen interesei baino, herritarron beharrei erantzungo dien delituaren tratamenduaren inguruko eztabaida politiko publiko eta parte-hartzailerik ez dago, eta behar-beharrezkoa da.

Arrazoi guzti hauengatik,  egitasmoaren kontra azaltzen gara, eta esplizituki Zubietako makro-kartzelaren eraikuntzaren aurka azaltzen zen Eusko Jaurlaritzaren 2006ko otsaileko ebazpena bete arazi dezatela galdegiten diegu inplikatutako erakunde publikoei.  Bide batez, eraikuntza lanen gelditzeak bestelako zigor sistema bat ezartzeko aukera ireki beharko luke, ikuspuntu gizatiar batean eta herrialdearen beharretan oinarritua.

Guzti honengatik, Donostiako udaleko Bilduren gobernuari zein bertan ordezkaritza duten gainontzeko udal ordezkariei, eta sortu litezkeen zerbitzu ereduen inguruan erabaki ahalmena duten Eusko Jaurlaritzako arduradunei, bestelako lehentasunen alde egin dezatela eskatzen diegu. Gipuzkoan eta EAEn behar diren zigorra betetzeko plazak kontutan hartuta, zigor askatasun gabetzaileei legediak ematen dien ustezko funtzioa, birgizarteratzea hain zuzen ere, bete dadin.

Donostia-San Sebastián, 2012ko Martxoa

Loiola Extea, Arrats, Salhaketa, Pastoral Carcelaria de Hernani, Ezkerretik Bilduz, Coordinadora Anti TAV de Donostia, de Hernani y de Gipuzkoa. Grupos contre el Superpuerto de Pasaia, Coordinadora de Plataformas Anti Incineradora de Gipuzkoa, Antikapitalistak,  Ekologistak Martxan