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La mayoría de presos de ETA está en primer grado

La mayoría de presos de ETA está en primer grado
El futuro de los presos de ETA está monopolizando el debate sobre el nuevo tiempo abierto sin violencia. La política penitenciaria se ha revelado como el primer escollo que, de momento, impide un avance consensuado en el camino para consolidar el escenario vasco de paz. La situación no tiene una salida fácil: el Gobierno no parece dispuesto a flexibilizar a corto plazo la situación en las cárceles, y ETA no tiene intención de disolverse de forma unilateral como le exige el PP. Las progresiones de grado para lograr beneficios penitenciarios y el acercamiento a cárceles vascas son las dos claves en que trabajan los grupos de apoyo a presos.
Pero los fríos números reflejan que los puntos de partida de cada parte están en polos opuestos. Un total de 337 internos, el 64% de los alrededor de 523 encarcelados en España por su pertenencia o relación con la organización armada, se encuentra en la más estricta situación carcelaria, el régimen cerrado, según los datos manejados por la Audiencia Nacional con fecha de 22 de octubre de 2011, dos días después del histórico anuncio de cese definitivo del terrorismo. Este estadio, que califica a los internos que «no muestren signos inequívocos de haberse sustraído a la disciplina interna» de ETA y que únicamente les autoriza a salir de la celda cinco horas al día para realizar actividades de la prisión, no otorga posibilidades de acceder a ningún tipo de beneficio penitenciario. Una circunstancia que se ha visto agravada en el pasado por la propia renuncia de los reclusos a solicitar beneficios, y por plantes y otras medidas de protesta que han empeorado su situación.
Tan sólo 181 reclusos, según los mismos datos, están clasificados en régimen ordinario (similar al segundo grado). Este grupo cumpliría los requisitos para obtener beneficios, pero fuentes del tribunal encargado de las decisiones penitenciarias advierten de que esto no significa «que se concedan a todos».
Por el contrario, apenas cuatro presos han accedido desde 2007 al tercer grado, el régimen de semilibertad que muchos reclusos desean ahora alcanzar. Etxerat, la asociación de familiares de presos, ha estimado en 177 el número de penados que deberían estar en libertad condicional, junto a 73 que considera que ya han purgado su condena, lo que suma 250 encarcelados para los que pide la libertad ya. Al mismo tiempo, 143 reclusos siguen dispersados en Francia, mientras otros cuatro cumplen condena, respectivamente, en Portugal, Irlanda del Norte, Inglaterra y México, según el recuento de Etxerat, que habla de 670 encarcelados en total.
Silencio de Rajoy
Todos estos datos, sumados a las primeras declaraciones de intenciones del Gobierno del PP, evidencian que el futuro de la gran mayoría de los reclusos relacionados con ETA no está nada claro a día de hoy pese a movilizaciones masivas como la de Bilbao o las presiones políticas de la izquierda abertzale.
El Ejecutivo de Rajoy se ciñe de momento al cumplimiento estricto de la normativa vigente. La ley le habilita tanto a acercar presos como a mantenerlos dispersos, y deja al criterio de los jueces si los condenados con tres cuartas partes de la pena ya cumplida pueden salir a la calle o no. La legislación se ha ido endureciendo conforme ETA no ponía fin al terrorismo, aunque existe una vía para la reinserción, la que ensayan los presos del grupo de Nanclares, con condenas por delitos de sangre.
Esta fórmula se basa en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que abre la puerta a una flexibilización de la situación penitenciaria con carácter personal. Y se conecta con el artículo 90 del Código Penal, que permite la reinserción social «cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista», y realice «una petición expresa de perdón a las víctimas». El juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, ya ha advertido en los últimos meses de que «el perdón es la única vía para lograr beneficios, aunque ETA se acabe». Por tanto, ni el Gobierno ni los jueces parecen dispuestos a entrar en un proceso de «paz por presos».
Estrategia del EPPK
Estas condiciones de perdón y resarcimiento no han sido asumidas, al menos de forma oficial, por el denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK en sus siglas en euskera). No obstante, esta asociación dio en diciembre un giro a su estrategia tradicional. Comenzó a reclamar de forma colectiva beneficios penitenciarios y el acercamiento a Euskadi del grueso de reclusos. La novedad estriba, sin embargo, en que los internos aceptan por primera vez la tramitación individual, aunque, precisan, dentro de una estrategia de «soluciones democráticas integrales».
De esta forma, adoptan una posición más pragmática respecto a las condiciones que impone la legislación española, que descarta amnistías generales o indultos como ocurrió tras el franquismo. Así lo ha dejado claro en su visita a Euskadi el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La izquierda abertzale, en este sentido, asume en privado que el proceso para flexibilizar la situación en las cárceles será difícil. Es consciente de que no habrá amnistías ni indultos generales. Los discursos pragmáticos empiezan a proliferar en ese mundo. El pasado jueves, el portavoz de Amaiur, Xabier Mikel Errekondo, afirmó que «entendemos que hay que atajar la situación de cada uno de los presos, con sus características particulares».
En todo caso, la izquierda aber-tzale considera que a poco que el Ejecutivo del PP se implique aplicando la ley, acercando presos y liberando a los enfermos, es posible lograr grandes avances en esta materia y profundizar, al mismo tiempo, en el desarme de las estructuras de ETA. El fin de la dispersión podría ser, a su juicio, una medida de gran carácter simbólico y factible de aplicar a corto plazo que desbrozaría el camino. De los 670 presos censados por Etxerat tan sólo nueve están en cárceles vascas (cinco en Martutene y cuatro en la nueva prisión alavesa de Zaballa). La dispersión de los presos de ETA respondió a una estrategia colectiva para alejar a los detenidos del control etarra, por lo que las asociaciones de apoyo a presos entienden que su abolición también debe llevarse a cabo de forma global.
El EPPK, que la pasada semana se embarcó en una dinámica de protestas en las prisiones, está movilizándose por el acercamiento. Medio millar de reclusos han reclamado en la Audiencia Nacional que se traslade al País Vasco a los internos dispersos por 48 cárceles de España, además de reclamar que se excarcele a los presos enfermos o con tres cuartas partes de la condena ya cumplidas.
Otro aspecto muy peliagudo es la abolición de la Doctrina Parot, que afecta a 58 reclusos condenados a largas penas. Esta medida varía el cómputo de los beneficios penitenciarios, aplicándolos al total de la pena en vez de al tiempo efectivo de cumplimiento. De esta forma se alarga la estancia en prisión de estos internos. El Tribunal Constitucional, pendiente de renovación, sigue sin fecha para fallar sobre los recursos presentados contra esta doctrina, que según Etxerat supone una «cadena perpetua encubierta». También está en el aire el futuro de los aproximadamente 111 presuntos activistas actualmente en la clandestinidad. La hoja de ruta de la izquierda aber-tzale reclama una salida para este grupo que vaya en paralelo al desmantelamiento de la organización armada.
El grupo de Nanclares
El encuentro que mantendrán el martes los responsables vasco y español de Interior, Rodolfo Ares y Jorge Fernández Díaz, y las respectivas reuniones que celebrará en febrero Mariano Rajoy con el lehendakari y el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, obligarán al nuevo Gobierno central a pronunciarse por primera vez sobre su posición ante los presos.
Todos los indicios apuntan a que, frente a las demandas del colectivo de reclusos y de la izquierda abertzale, el Ejecutivo y los jueces apuestan por la ‘vía Nanclares’. En esta prisión alavesa y en la de Pamplona se encuentran un grupo de aproximadamente 38 reclusos que, en su amplia mayoría, se han desmarcado de ETA y han comenzado a dar pasos en la línea del arrepentimiento y el perdón a las víctimas. En algunos casos, se han reunido en privado con ellas, como el preso irundarra Iñaki Rekarte, interno en Martutene. La mayoría de este grueso, una treintena de ellos, está ya en segundo grado, sea por evolución positiva o por enfermedad. A este grupo se les están comenzado paulatinamente a aplicar los beneficios penitenciarios. Uno de ellos está incluso en tercer grado, con lo que sólo acude a la cárcel a dormir. En el primer grado, el más estricto, apenas hay cuatro, según los datos facilitados por la Audiencia Nacional en octubre.
El grupo de Nanclares, liderado por Joseba Urrosolo Sistiaga, Carmen Gisasola y Kepa Pikabea, entre otros, es el considerado «disidente» de ETA y que asume la necesidad de pedir perdón a las víctimas. Ello les ha valido la marginación del colectivo oficial, el EPPK, y de la propia izquierda abertzale, partidaria también de las vías sólo políticas y el reconocimiento del daño causado, pero que busca que todo el ‘transatlántico’, como lo denominó Arnaldo Otegi, transite unido y sin fisuras.
De las dificultades que se auguran para los presos de la banda da fe el hecho de que, pese a su arrepentimiento y su deseo de reinsertarse socialmente, muy pocos del grupo de Nanclares han accedido al tercer grado que permite la libertad condicional, aunque se prevé que se aplique esa calificación a nuevos internos. No obstante, este grupo disfruta de días de vacaciones o permisos de salida para la formación profesional».