La realidad penitenciaria en Euskadi

Acaba de presentarse públicamente la Red de Entidades Sociales del Ámbito Penitenciario (Esen), integrada en la Red Estatal de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (Rosep). No es la primera vez durante los últimos 35 años que se han llevado a cabo iniciativas de este tipo en Euskadi y en el conjunto del Estado. Durante muchos años funcionó la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas y, más recientemente, el Foro Vasco sobre Políticas Sociales y Ejecución Penal, además de diversas plataformas a favor del derecho a la salud en prisiones o en contra de la construcción de macrocárceles. Evidentemente, tanto la composición de estas redes como su forma de interpretar la situación de las personas presas y de concebir «lo penitenciario» era diversa, pero lo que sí tuvieron y tienen en común, entre otras cuestiones, es que la asociación Salhaketa ha participado activamente en las mismas y con una vocación de buscar mínimos comunes que unificaran y unifiquen esfuerzos, buscando consensos para hacer prevalecer lo que nos une más que lo que nos diferencia.

En este contexto, diversos responsables y gestores institucionales evalúan la llamada «realidad penitenciaria en Euskadi». Nosotras, o al menos Salhaketa como entidad que lleva trabajando más de 30 años en relación con esta realidad, queremos aportar nuestra visión sobre las cárceles ubicadas en nuestro territorio y sobre la situación de las personas vascas recluidas aquí y fuera. De entrada, consideramos que después de más de tres décadas desde que se promulgó la Ley General Penitenciaria y su Reglamento, la legislación ha sido modificada en reiteradas ocasiones y no precisamente para avanzar hacia un «derecho penal mínimo» ni, mucho menos, para aplicar el llamado espíritu de los reformadores que supuestamente buscaba «humanizar las penas»; por esto, lo que constatamos como punto de partida es una clara tendencia involucionista.

El balance lo podemos hacer con algunos datos bien precisos: en la actualidad tenemos las tasas de encarcelamiento de personas residentes o con arraigo en las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra más altas de nuestra historia reciente, aproximadamente unas 1.800; además, la mayoría de estas personas cumplen sus condenas fuera de la cárceles ubicadas en nuestro territorio (FIES procesados por colaboración o pertenencia a banda armada, mujeres con criaturas a sus cargo, jóvenes, personas presas en terceros países, etcétera). Contamos con una desproporcionada capacidad de plazas en régimen cerrado no solo real, sino potencial con la construcción de nuevas macrocárceles, que duplica el número de plazas necesarias en relación con las personas detenidas y presas bajo custodia penal.

Sin embargo, paradójicamente, nunca las aproximadamente 1.500 personas que pueblan las cárceles ubicadas en territorio vasco han estado en condiciones de confinamiento más penosas, tal y como hemos hecho público en reiteradas ocasiones, denunciado ante las instituciones competentes y a requerimiento de los parlamentos vasco y navarro, documentado en los informes presentados estos años: masificación, condiciones materiales y ambientales de encarcelamiento infrahumanas, carencia de actividades formativas, laborales y de ocupación del tiempo, así como recortes en los presupuestos destinados a productos de primera necesidad y alimentación. Ni que decir tiene el carácter sexista y discriminatorio de la actual política penitenciaria, que ni ha sido ni es capaz de dar respuesta a las necesidades de las mujeres presas, en general, y de aquellas, en particular, que siendo madres sufren una doble condena por encontrase en un sistema de ejecución penal pensado por y para hombres.

No solo no se han materializado las transferencias en materia penitenciaria contempladas en el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, sino que el conjunto de servicios, programas y centros privativos y no privativos de libertad que contempla la legislación como los más adecuados en relación a los objetivos de las penas y alternativos al régimen cerrado no se han llegado a crear, y algunos de los escasamente existentes se han reducido o eliminado. Nos referimos a recursos tales como centros de régimen abierto y apoyo social para y a la salida de prisión, unidades dependientes y servicios específicos para mujeres, madres o jóvenes, programas de sustitución y suspensión de la condena en caso de personas presas drogodependientes o con problemas de salud mental (la gran mayoría de la población encarcelada), etcétera.

Pero no seamos pesimistas ante este panorama. Quienes defienden la abolición de la cárcel están de enhorabuena. Esta es la gran ironía al desnudo. Lo que sí se ha consolidado es la tendencia hacia la abolición del recurso al sistema penal en general y carcelario en particular para la gran mayoría de los delitos. Podemos constatar, incluso ya de un modo visible, que la mayoría de los delitos que se perpetran en nuestra sociedad ni se persigue ni se penaliza ni mucho menos se encarcela a sus autores, sobre todo cuando estos son delincuentes de cuello blanco, siendo tan solo apenas unas décimas porcentuales las personas y grupos sociales que, cometiendo hechos delictivos, son objeto de persecución policial, de reprobación penal y de reclusión carcelaria. La delincuencia con mayúsculas sigue campando a sus anchas y se cobra cientos de miles de víctimas. La cárcel sigue operando -además de como un gran negocio del que viven y se lucran muchos- como una instancia estatal de victimización secundaria para con las personas presas y sus familiares.

Lo que planteamos y reivindicamos es bien sencillo. Que si la Administración aún no ha sido tan siquiera capaz de establecer los principios básicos de actuación en materia de prevención y lucha contra el delito y de defensa de la seguridad, entendida como políticas para garantizar el efectivo ejercicio de las libertades y derechos fundamentales, al menos dé un paso en su política abolicionista y la aplique también a este pequeño grupo de personas definidas como «delincuentes convencionales o fracasados» que hoy son el chivo expiatorio imprescindible para que la cárcel cumpla funciones económicas, políticas e ideológicas perversas y ajenas a lo que establece la legislación que habría de regular su funcionamiento. No pedimos otra cosa que políticas sociales para abolir la prisión destinadas a una clientela mayoritaria reclutada de entre los sectores sociales y económicamente depauperados, desposeídos y excluidos que nunca debieron estar en la cárcel si hubiera existido un verdadero Estado Social y de Derecho.

Durante todos estos años, cientos de asociaciones y recursos, decenas de miles de profesionales y el voluntariado hemos desarrollado un trabajo alternativo a la penalización entendida como castigo, fundamentado en otros pilares como el acompañamiento, el apoyo social y el respeto a los derechos. Hemos demostrado sobradamente que son eficaces y mucho más económicos, con vistas a no criminalizar y mercantilizar la exclusión y la disidencia, y a combatir la criminalidad. El recurso sistemático e indiscriminado a la intervención penal y al encarcelamiento, en la gran mayoría de las ocasiones, no ha sido otra cosa más que la aplicación de una maquinaria pesada, muy costosa y productora de sufrimiento y cruel venganza; es decir, que ha convertido a su vez a los autores de delitos apresados, y por extensión a su entorno familiar y social, en víctimas de la cárcel.

Con vistas a construir un futuro modelo de prevención y lucha contra el delito, que garantice la seguridad de todas las personas, resulta imprescindible contar con la larga y extensa experiencia de entidades sociales que en Euskal Herria y en el resto del Estado hemos ido proponiendo y aplicando acciones, programas y políticas alternativas a la cárcel. Por ello, esta nueva iniciativa de trabajo en Red resulta tan importante para articular propuestas y acciones y, sobre todo, para exigir a la Administración un cambio total y urgente en la actual política criminal, en general, y en la política de ejecución penal, en particular, teniéndose en cuenta la experiencia y visión que parte del trabajo de las entidades que conforman esta Red en Euskadi y en el conjunto del Estado.

César Manzanos Bilbao

(Miembro de Salhaketa-Araba)