Otra muerte bajo custodia

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 NOTA DE PRENSA –

DENUNCIA PÚBLICA

Otra muerte bajo custodia

Cárcel de menores de Juslibol, Zaragoza, 30-08-2012

Grupo de Menores de ASAPA –Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón

 

NOTA: el caso que exponemos a continuación es muy grave y la información que en él se revela es
especialmente sensible. Nos limitamos, por tanto, a publicar el contenido mínimo necesario. Rogamos
que los datos sean tratados con escrúpulo, por el debido respeto a la familia del fallecido y el rigor
informativo que se presupone a los profesionales de la comunicación. Os agradeceremos que cualquier
especulación o juicio de valor que de ellos se derive sea contrastado con el emisor de la información.

 

La divulgación de la existencia de irregularidades en la prestación de un servicio público, (…)
constituye una actuación de interés general, que deben soportar las personas que tienen
encomendadas la gestión del servicio de que se trate dada su condición de “personas públicas”
a estos efectos. Quienes tienen a su cargo la gestión de una institución del Estado deben
soportar la críticas de su actividad, por muy duras e incluso infundadas que sean, y en su caso,
pesa sobre ellas la obligación de dar cumplida cuenta de su falta de fundamento. Pero de
ningún modo los personajes públicos pueden sustraer al debate público la forma en que se
presta un servicio público (Sentencia del Tribunal Constitucional de 15/01/2001 –Rº 792/1997).

                                     

ASAPA emite esta denuncia pública

– a la vista de que la familia no ha recibido asistencia ni atención ni la administración ha
asumido responsabilidad alguna durante los meses posteriores a la muerte de Libardo.

– ante las muy razonables y serias dudas acerca de una comunicación eficaz y una adecuada coordinación entre los servicios de salud, protección y reforma.

– ante lo que interpretamos como una práctica dudosa y sistemática por parte del servicio médico del CEIMJ Juslibol, gestionado por una entidad privada pero cuya responsabilidad última corresponde al Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón.

– dado que, pese a la presunta gravedad de los hechos, la intención inicial mostrada por el juzgado de instrucción nº 8 de Zaragoza fue decretar el archivo del expediente y el cierre de la vía penal.

– ante el injustificado retraso en la respuesta a la solicitud de pruebas y al recurso
presentado por el abogado que asiste a la familia de Libardo.

con la esperanza de que este caso no represente un capítulo más en la lista
interminable de muertes silenciosas bajo custodia.

para exigir la depuración de unas responsabilidades legales y políticas sin las cuales
los poderes públicos no pueden aspirar a considerarse democráticos.

 

El sábado 1 de septiembre de 2012, Libardo fue encontrado muerto en su celda del módulo de
“acogida” del Centro de Internamiento de Menores por Medida Judicial de Juslibol. Según
consta en la autopsia, “parece” que Libardo se habría suicidado en su celda en la noche del
viernes 31 de agosto.

Libardo había ingresado el 14 de agosto. Durante sus 18 días de internamiento no recibió visita
alguna del psiquiatra del centro. Sin embargo, eso no impidió que le fuese prescrito un
tratamiento con psicofármacos que podría haber resultado incompatible con la afección que
sufría el menor.

Por indicación directa de su neurólogo (Libardo sufría de una seria afección en fase de estudio)
y en respuesta a la consulta telefónica realizada por el CEIMJ Juslibol acerca de posibles
alergias a medicamentos, la familia había comunicado que bajo ningún concepto le fuesen
suministrados psicofármacos al chico.

Nos encontramos ante una práctica que ha sido puesta en conocimiento de la Fiscalía de
Menores y el Colegio de Médicos de Zaragoza el pasado lunes 18 de marzo y que en su día fue
objeto de denuncia por ASAPA –desde la publicación de su Informe sobre la Protección y
Reforma de Menores en Aragón en 2008, informe presentado en la Comisión de Peticiones y
DDHH de las Cortes en diciembre de ese mismo año.

Citamos aquí un fragmento muy relevante del citado informe –cuyas propuestas han recibido
el más absoluto silencio como respuesta por parte de la administración y los organismos
competentes en nuestra Comunidad Autónoma:

En materia de salud mental, el caso del centro de reforma de Juslibol nos parece especialmente
grave. […] El consumo de psicofármaco es muchísimo mayor a los niveles que podían
encontrarse en períodos anteriores. No en vano, por encima de las condiciones que exige la
DGA para la prestación del servicio, FAIM incorpora un psiquiatra en plantilla con dedicación
exclusiva a los menores de este centro. Hasta ese momento, los menores que necesitaban
atención psiquiátrica la recibían en un recurso externo, normalizado e independiente del
centro. Este cambio de orientación es de suma importancia. […] Nos referimos a un hecho que
es habitual en el centro de reforma: medicar con mediciones psiquiátricas indicadas para
trastornos y enfermedades mentales severas a menores que en ningún momento les han sido
diagnosticadas (capítulo f2, página 47).
http://asapa.files.wordpress.com/2013/03/segundo-informe-menores-para-comparecencia-cortes-asapa.pdf

 

Toda persona que detecte una situación de riesgo o de posibles malos tratos a menores está
obligada a ponerlo en conocimiento de la autoridad competente y a prestarles los auxilios
inmediatos necesarios (capítulo II –Derechos de la infancia y la adolescencia– de la Ley 12/2001
de la Infancia y Adolescencia en Aragón, artículo 9.3 –Derecho a ser bien tratado).

 

Grupo de Menores de ASAPA. Zaragoza, 19 de marzo de 2013