Trabajo en prisión, ¿trabajo esclavo?

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha iniciado una campaña contra la explotación laboral en prisión con el objetivo de que trabajadores y trabajadoras privados de libertad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales.

La misma se fundamenta en la constatación, tras años de trabajo en este campo, de la existencia de vulneraciones generalizadas de la legislación laboral por parte de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE), adscrita al Ministerio de Interior a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Entre otras muchas cuestiones cabe destacar: el abono de las horas por debajo del importe establecido, el no reconocimiento de las horas realmente trabajadas, la infra-cotización, el acceso y el cese del puesto de trabajo no son ajustados a derecho, el hecho de que prestaciones idénticas puedan ser retribuidas o no (servicios auxiliares comunes), trabajos de 50 horas a la semana por un importe entre 200 y 300 euros son habituales en prisión.

Por otra parte, se requieren modificaciones administrativas y legales, tales como evitar que en el informe de vida laboral siga apareciendo este trabajo, que estigmatiza a la persona trabajadora, y que quien haya trabajado en prisión no pueda optar por el subsidio por excarcelación, que es siempre más beneficioso que la prestación por desempleo.

Todas estas situaciones sólo podrán ser transformadas si hay una implicación sindical. Hay presencia sindical dentro de las prisiones, pero nadie está acompañando a los/as trabajadores/as presos/as. No existe obstáculo legal alguno que limite el derecho fundamental a la libertad sindical.

Descargar documento

Más información y materiales

Fuente: Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Mejor en prisión que en la calle: el mito de la Cárcel-Hotel

Cada cierto tiempo, se publican en todo tipo de periódicos noticias de personas que en su desesperación delinquen para encontrar en la cárcel techo y comida. En estas notas se narra la dura vida de una persona en situación de pobreza extrema, muy a menudo sin techo, que decide perpetrar un delito para ser encarcelado y disfrutar así de una vivienda pública con pensión completa de forma gratuita. Estas anécdotas son convertidas en categoría de forma recurrente gracias a los prejuicios imperantes sobre lo que es y lo que significa la vida en prisión, y contribuyen a reforzar el estereotipo de la cárcel como hotel en el que cumplir condena es poco más que un retiro temporal de la vida cotidiana en el que el interno es tratado con “demasiada benevolencia” teniendo en cuenta que se trata de un “delincuente”.

Exigir a los centros penitenciarios dureza en las condiciones de vida impuestas a los reos concuerda con los planteamientos de los pensadores liberales del siglo XIX que consideraban que cualquier alternativa al trabajo industrial debía estar ligada unas condiciones que hicieran deseable la vida de la más pobre de las familias proletarias. En el Reino Unido y en la Europa central, el final del feudalismo y las transformaciones en las formas de propiedad de la tierra empujan a millones de personas hacia las ciudades a buscar nuevas formas de sustento, pero no todos los migrantes logran una ocupación industrial y en los primeros compases de la industrialización, las ciudades se caracterizan por el hacinamiento y el incremento desmesurado de la pobreza y la indigencia en las calles. Donde la recién estrenada ética del trabajo no llegaba a convencer a la gente de las bondades del empleo industrial, se aplicaba la represión para someter a los antiguos campesinos y nuevos urbanitas de que su mejor destino era la dignificación del empleo asalariado en fábricas y talleres. Es en este contexto de pauperismo industrial e incremento de la mendicidad urbana en el que viven su momento de esplendor las casas de trabajo (workhouses) y los correccionales, y son vagabundos y prostitutas sus primeros huéspedes.

En las workhouses, hombres y mujeres realizaban trabajos industriales de forma obligada a cambio de comida y techo. Su reclusión obedecía al crimen de vagancia, mendicidad o ejercicio de la prostitución, y eran detenidos y detenidas en macro-redadas ordenadas por las autoridades municipales consideraban excesivo el número de personas sin hogar acumuladas en la vía pública. En la Inglaterra victoriana estas casas de trabajo tuvieron una importante presencia y se desarrollaron legislaciones en las que claramente se describía el destino que debía marcar las vidas de aquellas personas que “no podían mantenerse por si mismas”. La New Poor Law Act británica de 1834 establecía que no se debía dar asistencia a aquellas personas pobres que rechazaran su internamiento en una Workhouse. Instituciones paralelas tenían la misma función social en el proceso de industrialización alemán o en la Francia napoleónica. En los países del sur de Europa, de industrialización más tardía, la Iglesia incorpora la doctrina del pan por trabajo con instituciones como las Casas de Arrepentidas (cárceles cuya misión es el control de mujeres de vida desordenada) o los Hospicios para Pobres.

Si bien la aplicación de penas de privación de libertad no es ninguna novedad surgida de la revolución industrial, la generalización del uso de la reclusión penitenciaria en sustitución de la pena de muerte es consecuencia de la modernización y de un intento de humanización ilustrada de la economía del castigo. La experiencia de internamiento de un gran número de personas en situación de pobreza urbana severa y desempleo constituye un aprendizaje institucional que facilita el desarrollo de los sistemas penitenciarios modernos. El mismo proceso de humanización de las penas transforma la justificación punitiva de la pena de prisión a una justificación reeducativa o de reinserción social de los penados, pero, la historia de la institución penitenciaria es la historia de un gran fracaso que dura ya doscientos años.

Las cárceles nunca han dejado de ser una herramienta de control de la marginalidad. La aplicación de la pena de prisión mantiene un sesgo de clase en todos los países del mundo. La capacidad reeducativa de la reclusión se ha mostrado nula y existe importante evidencia empírica de que la prisión engendra más exclusión social. El triunfo de la ética del trabajo y el propio origen moralizante de las instituciones penitenciarias explican, en parte, la falta de reparos con la que se opina sobre las condiciones que deberían imperar en los centros de reclusión. Cualquier indicio de comodidad es visto como un lujo innecesario, a la par que moralmente reprobable, al servicio de individuos merecedores de la mayor severidad. Se vacía así de significado la condena de privación de libertad para poner énfasis en las condiciones de cumplimiento, como si el régimen penitenciario no fuera, en sí mismo, un método de castigo. La ola de populismo punitivo de los últimos treinta años ha añadido a esta confusión entre condena de privación de libertad y condiciones de cumplimiento argumentos que vinculan las condiciones de vida de los penados con la dignidad de las víctimas. Como recuerda David Garland en La Sociedad del Control, las víctimas han tomado un papel central en el debate sobre las penas convirtiendo las condenas en una especie de juego de suma cero en el que restar serveridad al castigo supone una ofensa.

El desconocimiento de la realidad penitenciaria facilita el clamor popular por el endurecimiento de las condiciones de vida de los internos. Mientras la demagogia del populismo punitivo se centra en remarcar la presencia de televisores en las celdas, la existencia de equipamientos deportivos en las cárceles, o que en los centros de reciente construcción hay piscina, lo que se muestra realmente relevante para la percepción de calidad de vida de los internos son las relaciones interpersonales que se establecen durante el cumplimiento de la condena, las posibilidades de acceder a permisos que hagan más soportable la reclusión, o la periodicidad de las visitas de familiares.

Con independencia de que en una prisión haya o no polideportivo, el régimen penitenciario consiste en una sucesión de días en los que no existe la mínima posibilidad de decidir sobre la cotidianidad. A la hora señalada debe levantarse y esperar el recuento, salir de la celda y permanecer en los espacios comunes. No decide ni cuando, ni cómo, ni qué desayuna, almuerza o cena. Esté de peor o de mejor humor, no puede decidir quedarse en la celda, tirado en la cama, leyendo un libro o mirando la televisión. No decide cuando llamar a su familia ni cuando recibir visitas. Ni tan sólo puede decidir hablar con un compañero o amigo del mismo módulo si no es en el horario marcado para estar en las salas o los patios. La incapacidad de romper la monotonía de una vida marcada por los horarios convierte en lujos imprescindibles pequeños placeres como un café o un refresco de máquina… O las chocolatinas compradas en el economato del módulo (a un precio sustancialmente superior del que pagaríamos en cualquier supermercado)…

Especialmente duras son las condiciones de indigencia carcelaria que viven aquellos internos que no reciben dinero de sus familias. Si bien es cierto que ya no se obliga a los presos a trabajar a cambio de comida y techo, las instituciones penitenciarias no proporcionan nada más que eso: comida y techo. El lote higiénico que antes de los recortes presupuestarios de 2011 se facilitaba a los internos mensualmente, se reparte hoy una vez al trimestre. Los productos de limpieza (lejía y un estropajo), el papel higiénico, el jabón, las cuchillas de afeitar… son insuficientes para asearse durante tres meses. Sin dinero no hay posibilidad de completarlo en el economato y hay que pedir favores o contraer deudas que se tendrán que pagar posteriormente con favores o tabaco. La mayor parte de las personas que sufren esta indigencia carcelaria son africanas, no disponen de recursos para mantener el contacto con su familia y saben que van a cumplir su condena del primer al último día sin permisos ni terceros grados. Existe la posibilidad de conseguir un empleo en los talleres para conseguir una remuneración mínima que permita sobrellevar la situación, pero deben haber plazas disponibles y el trabajo debe ser asignado por la Junta de Tratamiento. Muy a menudo, una ocupación que indigna a buena parte de los presos por su mísera remuneración, constituye una tabla de salvación para algunos.

Las encuestas sobre actitudes punitivas de la ciudadanía parecen indicar que la extendida opinión de que la ciudadanía de los países europeos reclama más mano dura debería matizarse. Parece ser que se exige mayor dureza en el castigo bajo una muy extendida situación de desconocimiento de las penas que contempla el código penal. Irónicamente, bajo la premisa errónea de que los castigos son blandos parece que se exige una dureza inferior a la que ya se da en la realidad. ¿Sucede lo mismo con las ideas preconcebidas acerca del impacto subjetivo del encarcelamiento? ¿De conocer lo que supone la supervivencia en prisión, nos fijaríamos en la piscina?

Recomendaciones bibliográficas:

  • Focault, Michel. 1976. Vigilar Y Castigar. Nacimiento de La Prisión. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
  • Garland, D. 2005. La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Barcelona: Gedisa.
  • Ríos, J. y Cabrera, P. 1998. Mil voces presas. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas.
  • Ríos, J. 2013. La prisión perpetua en España. Razones de su ilegitimidad ética y de su inconstitucionalidad. Donostia: Tercera Prensa. [Disponible en http://www.derechopenitenciario.com/comun/fichero.asp?id=3219]
  • Varona, Daniel. 2009. “¿Somos Los Españoles Punitivos?: Actitudes Punitivas Y Reforma Penal En España.” InDret 1. [Disponible en http://www.indret.com/pdf/599.pdf]

Fuente y más información en: Tokata

 

Guía para entender (o no) la expulsión masiva de migrantes que planea la UE

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se reúnen en Bruselas este jueves y viernes para debatir, entre otros asuntos, sobre migración, “con énfasis en la cooperación con terceros países, las fronteras exteriores y los retornos”. Traducido del lenguaje eurocrático, esto significa que hablarán de cómo conseguir que países como Turquía, Egipto o Túnez se queden con una buena parte de los que quieren llegar a Europa, debatirán sobre cómo cerrar Europa a cal y canto para los que llaman “inmigrantes económicos” y acordarán aumentar el número de deportaciones. Después de la solidaridad mostrada con los refugiados, “la UE pretende utilizar esa imagen de acogida como palanca para legitimar la expulsión decenas de miles de personas”, advierte Peio M. Aierbe, miembro de la red Migreurop.

Traducimos algunos otros términos que manejan en Bruselas, porque después de la crisis griega y la de los refugiados, vamos a oír hablar mucho de deportaciones en los próximos meses:

MIGRANTES ECONÓMICOS FRENTE A REFUGIADOS

“Vamos a ver cómo los mensajes emitidos por la UE refuerzan la distinción entre refugiados y migrantes voluntarios”, explica con preocupación Maria Giovanna Manieri, responsable de políticas migratorias en PICUM, la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes indocumentados. Como explica Manieri, aunque no procedan de países en guerra, a menudo huyen de la pobreza extrema y de la violencia estructural de sus países, y también se juegan la vida recorriendo rutas largas y peligrosas para llegar a Europa.

Manieri cree que todavía “estamos a tiempo para cambiar la retórica”. Explicar las razones por las que se van de sus países, su desesperación, y por qué deben ser bienvenidos: “Cómo contribuyen a la economía local, que no van a quitarnos el trabajo, etc”.

Aierbe recuerda que no solo se verán afectados quienes intentan llegar, sino cientos de miles de personas que ya están aquí, “gente que ya tiene situación de arraigo, pero pierde el trabajo y pierde la regularidad, al margen de que lleve diez años en el país y tengan familia”.

PAÍSES SEGUROS

Para acotar quién tiene derecho o no a pedir asilo, la UE trabaja en base a una lista europea común de lo que llama “países seguros”, de forma que quienes no procedan de los que se consideran lugares de riesgo como Siria o Irak, no podrán acorgerse a las leyes internacionales que les garantizan el derecho a un refugio.

“¡El sistema es tan absurdo! Se están viendo cosas como que a los provenientes de Kabul (Afganistán) los rechazan porque estiman que es zona segura, al no estar en terreno controlado por los talibanes”, asegura Peio M. Aierbe, del Centro de Estudios sobre Inmigración, Racismo y Xenofobia, Mugak. El también miembro de la Federación de SOS Racismo se pregunta si la recomendación de la UE es que los habitantes de Kabul no se acerquen a los mercados donde ponen las bombas.

Human Rights Watch le recuerda a la UE la sentencia del Tribunal Federal de Canadá que consideró que este tipo de inventario sirve para “marginalizar, discriminar y estereotipar”.

MEJORAR LA EFICACIA DE LAS POLÍTICAS DE RETORNO DE LA UE

Cuando dicen “políticas de retorno” hablan de “deportaciones”, según traduce Manieri. Para empezar, se expulsará a las más de 400.000 personas cuyas demandas de asilo han sido rechazadas en la primera mitad de 2015, según un documento de fuentes europeas al que tuvo acceso el diario británico The Times.

“La Comisión Europea y el Consejo hablan de una necesidad de identificación rápida y retorno/deportación”, que según Manieri se traducirá en “personas en que en menos de 48 horas serán deportadas a sus países de origen o a países con los que la UE tenga acuerdos bilaterales, como Turquía o Marruecos”.

La Comisión, explica esta experta, ha elaborado dos documentos dirigidos a los Estados miembro para agilizar las expulsiones. Uno, más técnico, es un manual de 100 páginas que desde una perspectiva legal apela al respeto a los derechos humanos al aplicar la Directiva de Retorno. El otro, más político y con un enfoque de seguridad, es un plan de acción de 17 páginas en el que por ejemplo se insta a los Estados miembro a “hacer uso de la detención” y les otorga “flexibilidad” en cuanto a las “condiciones de detención” en situaciones que consideren de emergencia. Los países que no cumplan con su “obligación” de deportar serán sancionados. “Es difícil pensar que esos dos documentos han salido de la misma Dirección General”, dice incrédula Manieri.

HOTSPOTS

“Se asemejan bastante a campos de concentración”, dice convencido Aierbe. Son centros de registro y retención de los demandantes de asilo que Angela Merkel y François Hollande pidieron a Italia y a Grecia que instalasen cuanto antes, y que preocupan mucho a las organizaciones humanitarias. En esos lugares será donde se preseleccione a quienes tienen opciones de recibir asilo y desde donde se devuelva de inmediato a sus países a quienes no.

“La gente no va a poder salir de allí. Además, quien llega tiene derecho a una asistencia letrada, a un intérprete, pero todas estas garantías van a a desaparecer en los hotspots porque en principio no habrá una decisión judicializada para cada persona”, denuncia Aierbe.

REFUERZO DE FRONTEX

En los primeros nueve meses del año han llegado a Europa a través de sus fronteras exteriores 710.000 migrantes y demandantes de asilo. En todo 2014 fueron 282.000, según Frontex, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión. Ante el objetivo de aumentar las expulsiones, que será proporcional al elevado número de llegadas, la UE ha decidido reforzar el mandato de este cuerpo de seguridad y subir su presupuesto.

Si en algo hay consenso entre los miembros de la UE es en que quieren reforzar la vigilancia en las fronteras exteriores, aunque falta que se pongan de acuerdo en las “modalidades” para hacerlo, mientras las organizaciones humanitarias se quejan de que la UE da más prioridad a la seguridad que a las personas. La propuesta de la Comisión, apoyada con fuerza por Francia, de crear un cuerpo de guardia europeo para ese control no convence a otras capitales, que ven con recelo ceder soberanía.

READMISIÓN Y NEGOCIACIONES CON TERCEROS PAÍSES

Para Aierbe, hablar de “readmisión” es hablar de “chantaje y presión a países de la periferia, para que a cambio de ayudas económicas y visados -como exige Turquía-, acepten de vuelta a los migrantes que la UE expulsa”. También significa “externalización del asilo y las fronteras a países circundantes”. Para los que llegan, “es terriblemente problemático respecto a sus derechos”. Para los expulsados, igual: “Está documentado que la situación en esos países no se ajusta a los derechos humanos, y les obligan a acogerles al margen de sus estándares”.

Los líderes de la UE van a exigir a los países con los que existen acuerdos de readmisión que agilicen este proceso y también colocar la política de retorno en la primera línea de los futuros acuerdos que se negocien con otros socios.

FONDO DE EMERGENCIA EN ÁFRICA

Hace tres semanas, los líderes de la Unión Europea asumieron el compromiso de contribuir a un fondo de emergencia para África por valor de 1.800 millones de euros, para en teoría reducir en el origen las causas que empujan a muchos a emigrar. “Cuando escuchas a [Mariano] Rajoy diciendo que ‘hay que ir a las causas’, dices, ¡caray, parece que nos ha comprado el discurso”, cuenta con sorna Aierbe, que recuerda que el Gobierno “le ha dado un tajo a la cooperación y el desarrollo, y no puede decir ahora que lo fundamental es eso”.

Para contribuir realmente en el desarrollo económico de esos países, la UE debería “cambiar radicalmente su política de cooperación y desarrollo”, dice Aierbe. Para empezar, Europa no cuestiona las estructuras corruptas en esos países, y, según este experto, buena parte de la ayuda se destina a “beneficiar a las empresas europeas”.

Con la política de readmisión y la firma de acuerdos con terceros países, la UE explora aplicar el principio de más por más como una de las fórmulas para condicionar las ayudas al desarrollo a la colaboración de estos países.

MIGRACIÓN ILEGAL VS LEGAL

La UE, a la vez que pugna por “reducir los incentivos para la migración irregular”, quiere “desarrollar una nueva política para la migración legal, atrayendo a trabajadores que necesite la UE”. Aquí los expertos ven varios problemas. “La idea de la UE es que los migrantes cualificados son bienvenidos, pero los demás no”, señala Manieri.

Para Aierbe, este enfoque de buscar a la gente que la UE quiere es “un absurdo”, e insiste en que “todas las entidades e instituciones indican que el problema fundamental es que está cerrada la posibilidad de obtener visados en países africanos, a pesar de la necesidad de mano de obra de la UE”.

Fuente: El Huffington Post

“Primero los pacientes, luego nos pegamos para ver quién paga la factura”

El pasado 4 de agosto de 2015 fue presentado a las Cortes Generales el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 y en la página 207 del Informe Económico y Financiero podemos leer: “Para el cumplimiento de sus objetivos, la política penitenciaria trata de racionalizar y priorizar los medios disponibles haciendo un uso eficiente de los recursos que se le asignen y que durante 2016 ascienden a 1.149,71 millones de euros, lo que supone un incremento de 25,05 millones de euros respecto al ejercicio anterior, de los que 20 millones de euros se destinan a productos farmacéuticos para tratar a los reclusos contagiados de Hepatitis C”.

Sorprendida, tengo que volver a leerlo de nuevo. ¿Dinero para fármacos para reclusos/as infectados de hepatitis C en los Presupuestos Generales? Por un momento no entiendo nada. Recuerdo que, en febrero de 2014, cuando Manuel Trancoso reclamó el tratamiento de su hepatitis C con la triple terapia, le contestaron que no correspondía a la Administración penitenciaria; recuerdo a la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria denunciando que las personas con hepatitis C que estaban en la cárcel no estaban siendo tratadas; recuerdo a Pablo Saiz de la Hoya, miembro de esta misma sociedad, avisando de que se había perdido el concepto de equidad en la sanidad penitenciaria, ya que no se estaba tratando igual a las personas presas que al resto de la población –”para evitar el coste se nos ha prohibido prescribirlo”–; recuerdo el Informe Anual del Defensor del Pueblo de 2014 denunciando que los nuevos medicamentos incluidos en la triple terapia no estaban llegando a los/as presos/as; pienso en la sentencia, de septiembre 2014, de un juez de Valladolid dando la razón a la Consejería de Salud de Castilla La Mancha frente a la demanda del Ministerio del Interior, que pretendía que fuera la comunidad autónoma la responsable de pagar el tratamiento, dejando muy claro que era responsabilidad de Instituciones Penitenciarias el pago y, también, recuerdo a José Manuel Arroyo, subdirector de Sanidad Penitenciara, diciendo en junio de 2015, a pesar de todo esto, que confiaba en que antes del verano “todas las comunidades acepten y entren en el redil” (esto es, paguen ellos los medicamentos).

Pero no. Parece que, por fin, el Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias reconoce que es de su competencia la salud de las personas que están en prisión y que, al tratarse de una medicación de tipo ambulatorio, son ellos los responsables de costear el medicamento por muy caro que sea. Los problemas surgieron a partir de la aparición de esta nueva terapia, mucho más efectiva pero también mucho más cara, y desde entonces han hecho todo lo posible por prorrogar la aceptación de esa responsabilidad sin tener presente las terribles consecuencias que esto tenía para la salud de las personas.

Según parece, las personas enfermas de Hepatitis C que están en la cárcel comenzarán a recibir un tratamiento adecuado sin que antes sea necesaria una lucha sin fin para ver quién se va a hacer cargo de la factura. Por fin, el Ministerio del Interior ha asumido que no puede seguir eludiendo sus responsabilidades. Si bien rectificar es de sabios -en este caso tras sentencia judicial que le señala el camino- ¿nadie ha de asumir alguna responsabilidad política dimitiendo?

La asunción de responsabilidades por parte de Instituciones Penitenciarias me alegra, claro. Pero la alegría dura poco. Basta con pensar en el número de personas para laa que esta noticia ha llegado demasiado tarde, cuántas personas han muerto o para cuántas el tratamiento no podrá ya ser efectivo. Eso tan obvio que José María Pino, director general de Asistencia Sanitaria de Castilla La Mancha, dijo: “Cada uno estamos para defender nuestra parte, pero lo primero son los pacientes y luego nos pegamos para ver quién paga la factura”. Pero parece que no es visto así por todos.

Frente a él, José Manuel Arroyo decía que sólo pagaría cuando una sentencia firme le obligara, haciendo oídos sordos a lo que había dicho la Defensora del Pueblo, que había solicitado a Instituciones Penitenciarias que pagase los medicamentos y después cobrase las facturas a quien considerase responsable. No nos podemos olvidar que Manuel Trancoso está hoy curado porque la comunidad autónoma andaluza se hizo cargo de su tratamiento –tarde, pero se hizo cargo- aun cuando sabía que no era su responsabilidad. El Ministerio del Interior, sin embargo, antepuso en todo momento sus intereses económicos, olvidando los derechos de los pacientes.

A esa tristeza por los que ya murieron se une la preocupación por saber a cuántos presos/as llegará el tratamiento. Si el tratamiento de la triple terapia cuesta unos 25.000 euros y en la cárcel, entre las 65.000 personas internas, hay más de 16.000 infectadas de hepatitis C ¿cuántas podrán ser tratadas por el presupuesto? Si piensa que una persona merece siempre un trato digno –estar o no en la cárcel no cambia nada– haga la cuenta. La tarea no ha terminado.

Marian Pérez Bernal – Área de Cárceles de la APDHA

Fuente: el blog de APDHA

Cies No denuncia una respuesta “en bloque” contra internos árabes en Zapadores

 “Nos preocupa mucho que se esté haciendo un tratamiento en bloque a todas las personas de Zapadores que entren en un perfil”, explica Ana Fornés, portavoz de la campaña Cies No en Valencia.

La madrugada del pasado lunes, vecinos del barrio alertaron a las organizaciones civiles ante los disparos que se oían dentro del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores.

Una unidad de policía antidisturbios entró en el recinto y, según afirman desde Delegación de Gobierno, dispararon salvas y cargas de proyección sin proyectil para “intimidar” frente un supuesto motín protagonizado por algunos internos de origen árabe.

Los vecinos y miembros de Cies No que acudieron al barrio de Monteolivete, donde se encuentra el centro, señalan los gritos de dolor que oyeron mientras veían cómo los policías bajaron a varias personas que se habían accedido al tejado del edificio.

Al día siguiente, desde Cies No acudieron a Zapadores para intentar hablar con los internos y reconstruir los hechos de la anterior noche, pero el personal de Zapadores les afirmó que “no había ningún árabe en el centro”.

Desde Delegación de Gobierno desmintieron que se hubiera trasladado a los internos argelinos y marroquíes, y afirmaron que habían pasado a disposición policial. Sin embargo, desde la organización Cies No denuncian que, a pesar de que hay un auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que les permite entrar en el recinto, tras los hechos “no nos han dejado pasar”. “Nos está costando mucho hacer una reconstrucción de los hechos, no podemos tener acceso”, señala Fornés.

A la plataforma le preocupa especialmente que la policía esté aplicando la misma respuesta a todo un grupo por su origen más que por la implicación en los hechos del pasado lunes.

“La policía dijo ante los medios que se trasladó a todas las personas de origen árabe. En el caso de que sea así, esto podría ser un acto xenófobo, ya que se les está tratando por su origen, no por lo que hicieran esa madrugada”, explica Fornés a Diagonal.

La policía cifra en 56 los internos que habían participado en el supuesto motín, pero, según apuntan desde Cies No, “no todos participaron de la misma manera”.

Fornésexplica que “una de las cosas que no tenemos claro es si han pasado todas a disposición judicial o no, y también nos preocupa que ayer anunciaran en prensa que iban a expulsar a seis personas. Creemos que es una medida errónea, deberían paralizar las deportaciones hasta que haya una reconstrucción de los hechos”.

Entre las 56 personas que la policía apunta como participantes en el supuesto motín y contra los que las organizaciones civiles temen que se tomen represalias hay varias en situación vulnerable, como dos menores de edad y un hombre con problemas graves de salud.
¿Un infarto cerebral en Zapadores?

Abdelali I. es un ciudadano marroquí de 40 años que fue ingresado en Zapadores tras acudir a una comisaría a tramitar documentación con la que optar a ayuda para búsqueda de empleo de una asociación de Castellón. Llegó a España en 1996 y estuvo trabajando durante ocho años en Benicarló, donde vivía con su pareja.

“Al quedarse en el paro no sólo perdió su trabajo, sino todo lo demás: no le renovaron los papeles para residir legalmente y, posteriormente, le quitaron la tarjeta médica y el derecho a recibir asistencia sanitaria”, explican desde Valencia Acoge y Jo Sí Sanitat Universal.

En diciembre de 2013, Abdelalí sufrió un infarto cerebral. Cuando su pareja le llevó a Urgencias, le obligaron a firmar un ‘compromiso de pago’ mientras le traslabadan para ser atendido. Cuando, una semana después, le dieron el alta, el propio médico señaló en su informe que “no se le habían hecho todas las pruebas necesarias por no disponer de tarjeta sanitaria y no se le deriva a consultas externas por causas administrativas”.

Con el apoyo de organizaciones sociales de Valencia, Abdelalí pudo recurrir las facturas y recibir atención médica. También se le tramitó una tarjeta provisional.

Desde Valencia Acoge y Jo Sí Sanitat Universal señalan que tienen constancia de que Abdelali “fue víctima de los altercados ocurridos en la madrugada del 7 de septiembre en Zapadores, pero “no se dispone de información oficial sobre su estado de salud”.

Estas organizaciones si han podido averiguar que, el mismo día de la detención, la policía ya había tenido que trasladar a Abdelali a Urgencias por un infarto cerebral y barajan la posibilidad de que sufriera un segundo infarto durante su ingreso en Zapadores.

“Su médico de cabecera ha transmitido a la pareja de Abdelali que es probable que le vuelva a dar otro infarto cerebral más grave”, afirman desde ambas organizaciones, que señalan que, antes de entrar en Zapadores, Abdelali tenía reducida la movilidad de la parte derecha del cuerpo y había perdido toda movilidad en la mano derecha. “A pesar de esta situación, ningún responsable del CIE en ningún momento ha avisado a sus familiares ni a su abogada de oficio”.

Fuente: Diagonal

LA AUDIENCIA NACIONAL EXIGE EL PAGO DE MULTA MILLONARIA (14.400€) A UN TARTALARI ANTI TAV PARA EVITAR INGRESO EN PRISION

A finales del 2013, cuatro miembros del movimiento de desobediencia al TAV Mugitu! fueron juzgados en la Audiencia Nacional con peticiones entre 5 y 9 años de cárcel. La sentencia dictó dos años de cárcel y 900€ de multa a cada uno de los tres tartalaris además de un año de cárcel y 300€ a una cuarta persona como colaboradora necesaria en la acción. Estas cuatro personas también fueron condenadas a pagar 1.234 € de costas del juicio en concepto de honorarios del abogado y procurador de Yolanda Barcina. El pasado noviembre el Tribunal Supremo desestimó el recurso interpuesto por la defensa haciendo firme la sentencia de la Audiencia Nacional. Una vez que se pagaron las multas y las costas del juicio, los abogados de la defensa solicitaron la suspensión de la pena para los cuatro encausados con el fin de evitar el ingreso en prisión.

Esta suspensión fue concedida a tres de ellos pero fue rechazada para el cuarto, Julio Villanueva, por entender la fiscalía que éste contaba con antecedentes penales computables. Ante la inminente orden de ingreso en prisión por dos años de esta persona, los abogados presentaron un escrito solicitando la sustitución de la pena de prisión por multa. En auto firmado el pasado 28 de Abril por Fernando Grande Marlasca, se acepta esta solicitud de sustitución con carácter excepcional, ya que no es nada normal la sustitución por multa de penas de cárcel superiores a un año. La suma económica a pagar es muy elevada ya que supone el doble de los años de cárcel (4 años) a multiplicar por 10 €/día lo que totalizarían 14.400€. Ante esta enorme cantidad los abogados presentaron un recurso de súplica solicitando la reducción a 2 €/día, petición ésta que ha sido desestimada por lo que la multa a pagar para evitar la cárcel se mantiene con carácter firme e irrevocable en 14.400 €.

Desde Mugitu! Mugimendua y el grupo de apoyo a los tartalaris anti TAV queremos denunciar este nuevo episodio represivo contra la oposición a esta infraestructura. Queremos destacar que este proyecto despilfarrador, inútil, destructor y antisocial nos lo quieren imponer por la fuerza, reprimiendo y criminalizando a la oposición que se alza contra él. Recordemos como en el proceso a los tartalaris hay una voluntad inequívoca de castigo: intento de criminalización medíatico, utilización de un juzgado de excepción como la Aundiencia Nacional para juzgar un hecho ocurrido fuera del Estado español, y penas desproporcionadas y abusivas para un hecho que internacionalmente, en la mayoría de los casos, no conlleva responsabilidades penales.

Es muy ilustrativo que en el Registro Central de Penados aparezca en la ficha de los encausados la acción de el entartamiento como “atentado banda armada contra las personas”(sic). Recordemos también como los antecedentes penales por los que en este caso no se ha suspendido la condena de cárcel son debidos a los hechos de Urbina, una auténtica salvajada de la Ertzaintza contra una iniciativa de desobediencia civil pacífica e inofensiva, que se saldó con ocho personas detenidas, decenas de contusionados y un ambiente de terror que se extendió por el pueblo y alrededores afectando a miles de personas que se encontraban allí. Uno de los ocho detenidos fue Julio que tras ser juzgado fue condenado a 7 meses de cárcel. Ante esta nueva vuelta de tuerca de represión y criminalización del movimiento anti TAV, hacemos un llamamiento para apoyar económicamente y evitar el ingreso en prisión por dos años de uno de los tartalaris. Os volvemos a pedir un nuevo esfuerzo ingresando vuestra aportación en el numero de cuenta abajo citado o participando en los diferentes actos de apoyo que detallaremos pasado el verano. Sigamos desobedeciendo. Es el momento de parar el TAV.

Iruñea, 16 de Julio de 2015

Apoyo económico: 3035.0068.08.0680058591 Basagure taldea (Laboral Kutxa)

Estados Unidos: indignación por muerte de joven afroamericana

Esta vez no fueron policías, sino un “statetrooper” (guardia nacional) del estado de Texas. En un vídeo que circuló ampliamente por las redes durante la última semana se muestra como el oficial Brian Encinia detiene a la mujer afroamericana Sandra Bland, de 28 años, quien venía viajando desde Chicago para tomar un nuevo trabajo en Texas.

El episodio comenzó cuando Encinia detuvo el auto que conducía Sandra Bland por no poner la luz de giro, y luego de un intercambio de palabras la obliga a salir del auto de forma arbitraria. Sandra comenzó a cuestionar al guardia nacional, preguntándole por qué debía salir de su coche.

El autoritarismo de Encinia no termina aquí, sino que continua con trato abusivo y violento que incluyó la amenaza de dispararle con una pistola de descarga eléctrica (taser).

Sandra Bland fue arrestada luego de preguntarle al oficial, reiteradas veces, cuáles eran los motivos para detenerla. Las autoridades calificaron este hecho como resistencia a la autoridad y Sandra fue acusada de agredir a un oficial, mientras intentaba defenderse de los golpes.

Durante la detención, Sandra se opuso al trato abusivo y discriminatorio del agente Encinia, legitimado por el estado de Texas para ejercer la “autoridad” en la vía pública. Tres días después, Sandra fue encontrada colgada en su celda.

Los detalles de la muerte de Sandra Bland son confusos, y tanto familiares como amigos han rechazado la hipótesis del suicidio y exigido una investigación independiente.

Con el correr de los días, los grandes medios de comunicación tuvieron que publicar estos hechos, ya que bajo consignas como #SayHerName (“digan su nombre”), #JusticeForSandraBland (Justicia para Sandra Bland) y #WhatHappenedToSandraBland (Que le paso a Sandra Bland) el caso recorrió las redes sociales y trajo una vez el grito de justicia y #BlackLivesMatter.

El jefe de policía del condado (Sheriff), Glenn Smith, contaba con antecedentes de prácticas racistas en otras regiones del país, y por este motivo había sido trasladado a Texas.

La noticia de la muerte de Sandra hizo que otros casos de jóvenes afroamericanos muertos salgan a la luz en los últimos días.

Bland fue parte del activismo en contra del racismo y la brutalidad policial, #BlackLivesMatter. Estaba a punto de conseguir un nuevo trabajo, y según cuenta su madre “Sandra quería establecerse en Texas para terminar con las injusticias del sur de EE UU”.

Fuente: Diagonal

Alberto Gómez Ramos, 45 Días en huelga de hambre en la cárcel de Topas (Salamanca)

Alberto Gómez Ramos Díez Escudero está en huelga de hambre desde el día 9 de junio por las injusticias del centro penitenciario de Topas. Después de 25 años de encierro y mientras estaba a la espera de permisos, le pusieron dos partes, uno por salir a enfermería el día 6 de junio y dejar una botella de agua encima de la mesa, poniéndose supuestamente “agresivo”; el otro, por un casete con cable y una radio pequeña que venden en el economato y que ha desaparecido.

Esto nos ha llegado por mail; de momento, no tenemos más información. Difundimos la que hay, aunque sea tan poca, por la urgencia del caso, porque el compañero lleva ya 45 días sin comer. Mientras nos ponemos en contacto con él, pedimos máxima atención y toda la solidariad que se pueda. Esos partes disciplinarios por aparentes tonterías son en realidad algo muy grave para una persona que lleva tantos años presa, ya que pueden retrasar considerablemente sus posibilidades de salir pronto a la calle. Alberto necesita nuestra solidariad; mientras articulamos algo más sustancioso, al menos podemos escribirle para hacerle saber que no está solo. Estas son sus señas:

Alberto Gómez Ramos Díez Escudero

Centro Penitenciario de Topas

Ctra. N-360, km. 314

37799 TOPAS (Salamanca)

 

Fuente: Tokata

Paralizada ‘in extremis’ la expulsión de un joven nigeriano gay sin papeles

A primera hora de este jueves (16/07/2015) ha partido de Madrid un vuelo de deportación de ciudadanos extranjeros en situación irregular con destino a Nigeria.

En ese avión, el Ministerio del Interior tenía previsto expulsar a su país a un hombre que lleva ocho años viviendo en Cáceres. Él es gay, vive con su pareja, tiene incluso una oferta de trabajo en España… pero no tiene papeles, y lo iban a deportar a un país en el que la homosexualidad no sólo es delito, sino que está penada con la muerte en muchas regiones. Finalmente, anoche a última hora, el Gobierno ha paralizado su expulsión.

El vuelo de deportación que estaba previsto que despegara a las 07:00 desde Barajas hacia Nigeria finalmente no se ha llevado a Henry. La expulsión de este joven nigeriano residente en Cáceres se ha paralizado esta noche por parte de la Delegada del Gobierno en Madrid Concepción Dancausa y con el aval del director general de la Policia Nacional, según han confirmado hace unos minutos a la Cadena SER fuentes de la Fundación Triángulo.

Este colectivo se movilizó para evitar que el joven homosexual, al que se le había entregado el miércoles una notificación para ser expulsado de manera urgente, volviera a su país, donde en algunas regiones la homosexualidad está castigada con la pena de muerte y donde la homofobia social pone en peligro su vida en caso de ser repatriado.

Su pareja, que estaba en trámite para casarse con el joven, consigió movilizar a la Fundación Triángulo y estos a su vez lograron el apoyo del presidente de la Junta de Extremadura y la colaboración tanto de la delegación del Gobierno en Extremadura como la de Madrid.

En torno a las 23:00 horas del miércoles le comunicaban a su pareja que Henry no sería expulsado y a las 02:00 la delegación del Gobierno en Madrid confirmaba que no lo trasladarían a Barajas para ser deportado pero que Henry pasaría la noche en la comisaría de Cáceres, donde se encuentra desde el miércoles. Durante la mañana revisarán su caso y está previsto que sea puesto en libertad.

Fuente: cadena SER