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Un funcionario de prisiones, jefe de servicio, condenado por dos delitos de abusos sexuales a dos presos andaluces

Un funcionario de prisiones, jefe de servicio, condenado por dos delitos de abusos sexuales a dos presos andaluces
El juzgado de lo Penal Número Dos de Almería ha condenado a
dos años y veinte meses de multa a un funcionario de prisiones,
jefe de servicio, que había sido denunciado
en numerosas ocasiones sin resultado judicial.
Desde el año 2003 había sido
denunciado por al menos otros nueve presos. 

CORREO DERECHO PENITENCIARIO.- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
(APDHA) y la Federación Liberación, por hechos de los que tenían conocimiento por
denuncias de las personas presas desde el año 2003, se personaron como acusación
popular en un procedimiento judicial seguido en Sevilla contra dicho funcionario, y
como acusación particular uno de los internos víctima de dicho funcionario, que
finalizó en junio del 2008. En dicho procedimiento el Ministerio Fiscal formuló
escrito de calificación en el que solicitó 3 años de prisión por cada uno de los
delitos contra la integridad moral y la inhabilitación por el mismo período de
tiempo (total 6 años) y las costas del juicio. El escrito señalaba que: 

a) El Jefe de Servicios del Centro Penitenciario Sevilla xxx el día 24 de marzo de
2004, sobre las 18.30 h, tras volver el interno 1 de una comunicación especial vis a
vis, ordenó su cacheo con desnudo integral […] ordenó nuevamente que fuese conducido
a la celda de aislamiento donde fue amenazado y coaccionado en repetidas ocasiones
para que expulsara los objetos descubiertos en una papelera. Que ante la presión
ejercida, el interno 1 intentó defecar sin obtener resultado alguno por lo que el
Jefe de Servicios le dijo que tenía un remedio para ello. Que el propio xxx le
obligó a que se bajara los pantalones y se tendiera boca abajo, introduciéndole por
el ano el tubo de la lavativa e introduciéndole líquido por el mismo, en presencia
de varios funcionarios. Que como consecuencia de la lavativa el interno defecó en
varias ocasiones en la papelera siendo obligado a buscar entre sus heces los objetos
expulsados, sin guantes ni ninguna otra medida higiénica. Que durante el desarrollo
de estos hechos J.A.C no cesó de humillar al interno así como de utilizar
expresiones jocosas dirigidas hacia él en voz alta y en presencia de otros
funcionarios tales como “éste se va a cagar, se está cagando….”. Que tanto la
práctica de la radiografía como de la lavativa fue realizada bajo la presión y
coacción de J.A.C., sintiendo el interno gran humillación y vergüenza por las mismas
así como por el trato dispensado por éste a fin de conseguir su objetivo y abusando
de su cargo.
b) Que el día 2 de mayo de 2004, tras la intervención de un objeto
punzante artesanal, el Jefe de Servicios xxx ordenó el traslado del interno 2 a un
despacho, donde encontrándose solos y utilizando la superioridad de su cargo ordenó
al interno que se desnudara, que realizara flexiones y que se sujetara sus órganos
genitales en determinadas posiciones sin ningún tipo de justificación para ello”.

El funcionario fue absuelto y el sindicato CSIF anunció que denunciaría "a todos los
que han vilipendiado, insultado y vejado", exigiendo a la Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía (APDHA), que ejerció la acusación popular junto con la
Federación Liberación, que rectificara públicamente, ya que tildó al funcionario de
"torturador sádico que disfrutaba abusando de los internos".

No obstante, hemos tenido que esperar más de 4 años hasta que un Juzgado ha
declarado como probados que en el mes de julio de 2008, ya en su puesto en Almería,
al mes siguiente de ser absuelto en el otro procedimiento de Sevilla, el condenado
procedió a ordenar sin motivo aparente cacheos con desnudo integral a varios presos,
entre ellos uno de los denunciantes en el presente procedimiento, cacheos que
realizó personal y directamente sin utilizar guantes y, en el curso de los mismos
con la intención de satisfacer su ánimo libidinoso procedió a realizar tocamientos
en pene y testículos. Igualmente en la madrugada del 28 de febrero al 1 de marzo del
2012 se introdujo "silenciosamente" en la celda de un preso que se encontraba
acostado en el módulo de enfermería, procediendo a acariciarle los genitales por
encima de la ropa.

El citado sindicato nunca realizó la denuncia contra las asociaciones que se
personaron como acusación popular, pues entre otras razones nunca se efectuó la
afirmación mantenida por el sindicato.

Ahora más que nunca entendemos que es el momento de que los funcionarios y los
sindicatos se decidan a luchar contra estas prácticas en lugar de defenderlas.
Ninguna de estas prácticas se produciría si existiera menos corporativismo
profesional, no sólo en esta profesión.

Han pasado más de ocho años desde que varios presos pusieron en nuestro conocimiento
actos, que de ser ciertos, eran constitutivos de abusos sexuales o contra la
integridad moral. Durante estos años el funcionario ha estado trabajando sin ningún
tipo de control por parte de la Administración, que se negó a decretar la suspensión
de sus funciones. Es imposible saber cuántas personas han podido denunciar hechos
similares desde entonces contra el citado funcionario. La Administración hizo un
ejercicio de dejadez con daños irreparables para terceros.

En el presente caso acudimos a las Naciones Unidas (Relator Especial de las Naciones
Unidas para la cuestión de la tortura).

En la Asamblea General de la ONU, celebrada el 18 de febrero de 2008 [1], se nos dio
la razón recogiendo frente a lo afirmado por el Ministerio que “El Relator insta al
Gobierno a que garantice que todas las denuncias e informes de tortura y malos
tratos serán investigados con prontitud y eficacia, y que los funcionarios públicos
implicados serán suspendidos de sus funciones hasta conocerse el resultado de la
investigación y de las diligencias jurídicas o disciplinarias posteriores”. (...)

En definitiva, los organismos internacionales ONU y Consejo de Europa, y el mundo
asociativo (organizado en la Coordinadora para la Prevención y Documentación de la
Tortura- CPDT , de la que ambos colectivos formamos parte), entienden que los jueces
deben ser más activos y no deben quitar credibilidad a las denuncias de las personas
presas por dicha condición. No es extraño encontrar resoluciones en la que
expresamente se cuestiona su fiabilidad. Por ello, no sorprende que en esa misma
provincia, Almería, tras un juicio celebrado el pasado mes de diciembre, se
condenara a un preso por haber denunciado prácticas sustancialmente idénticas: según
el juzgado “actuó con absoluto desprecio de la verdad, puso de manifiesto de forma
mendaz que había sido objeto de tocamientos libidinosos en sus órganos genitales por
parte del funcionario número mientras se le realizaba un cacheo”.

Las torturas y malos tratos en el Estado español, lejos de ser combatidos como una
de las lacras más incompatibles con la democracia y el estado de derecho siguen
siendo negadas por el Gobierno quien, por otro lado, utiliza la figura
predemocrática del indulto para bular la acción de la Justicia en los escasos casos
en los que estos actos llegan a ser Juzgados. El pasado año la CPDT, en su último
informe de 2011, documentó 280 casos en que se produjeron agresiones y/o malos
tratos, siendo 48 en Andalucía. Algunos casos afectaban a varias personas a la vez,
llegando a resultar 853 víctimas, de las que 105 lo fueron en Andalucía.

Andalucía, 22 de enero de 2013 

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía – APDHA - Federación Liberación

http://www.fliberacion.org/index.php/noticias

http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=4836