Las entidades firmantes queremos mostrar nuestra preocupación por la aparición en la cárcel de Zaballa de cuatro presos muertos, al menos 3 de ellos menores de 30 años, uno por mes en lo que va de año, el segundo en abril; un total de 79 personas muertas en diversas cárceles del estado en apenas 5 meses, uno cada dos días. Una tragedia evitable y silenciada. La gran mayoría de las muertes ocurren por motivos no naturales. Este hecho luctuoso, no notificado por el Ministerio de Interior, representa una nueva crónica de muertes anunciadas en las cárceles tal y como hemos venido denunciando.

Nos preocupa la nula iniciativa de actuación por parte de las autoridades políticas y judiciales competentes para esclarecer las circunstancias de estas muertes. Esta situación es inaceptable, sobre todo cuando la mayoría de esas muertes podrían evitarse, simplemente, con la aplicación estricta de la actual legalidad vigente.

Una vez más preguntamos a la Dirección General de Prisiones, al Ministerio de Interior y al Gobierno cómo va a terminar con esta situación. Ante el próximo traslado de competencias penitenciarias, emplazamos al Gobierno Vasco a posicionarse ante esta situación ya que en materia de sanidad y salud en prisiones sí tiene competencias; emplazamos también a las consejerías de interior y de justicia que jamás han respondido ante estas situaciones que, recordemos, ocurren en territorio vasco.

Para acabar con estas muertes reclamamos 9 medidas para garantizar su no-repetición y la atención a los familiares de las víctimas de la cárcel:

1. Que el Ministerio Fiscal no se inhiba e investigue siempre de oficio las muertes bajo custodia del Estado.
2. Que las direcciones de las prisiones informen con imparcialidad a las familias y no se limiten a buscar que se incinere el cadáver para poder evitar autopsias posteriores que esclarezcan las circunstancias en la que se han producido las muertes.
3. Garantías para que los familiares de personas presas puedan transmitan incidencias a la dirección de la cárcel sin que ello suponga represalia de ningún tipo para el familiar preso.
4. Que se faciliten a las familias todos los apoyos necesarios para poder solicitar las responsabilidades civiles y penales que se desprenden del mal funcionamiento de la administración de justicia: apoyo psico-social, jurídico…
5. El desarrollo de las medidas de sustitución de la condena en fase ejecutoria por el cumplimiento en programas de deshabituación de las drogodependencias dentro y sobre todo fuera de las prisiones que han demostrado su mayor eficacia en la prevención y lucha contra el delito.
6. La inmediata excarcelación, tal y como contempla la ley, de las personas presas gravemente enfermas, así como las que padezcan enfermedades mentales que en muchos casos suponen la inducción al suicidio. Estas personas necesitan unos cuidados y un seguimiento médico incompatibles con la cárcel.
7. La inmediata reforma de la legislación penal y penitenciaria que alarga innecesariamente las condenas.
8. La aplicación de la actual legalidad vigente que garantice el acceso a permisos de salida, tercer grado, libertad condicional y medidas sustitutorias a la prisión. En ese sentido vemos la necesidad de contar con otro juzgado de vigilancia penitenciaria en Araba para dar salida a todos los asuntos de su competencia.
9. La reducción del número de reos debe ser uno de los objetivos de cualquier política penitenciaria que se precie, así como el cumplimiento de las condenas en el centro más cercano al lugar habitual de residencia.